Un proyecto propiciado desde la concejalia de Política Social, y financiado con fondos europeos que pretende coordinar los diferentes recursos locales existentes  para prestar los apoyos necesarios a este grupo de personas que carecen de un entorno de protección adecuado.

Con la firma del acta de constitución se ha puesto en marcha esta mañana la Red Local de Apoyo Vital a personas con capacidad de obrar limitada y en situación de  vulnerabilidad social. La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Política Social financiada por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias. Política Social y Transparencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea – NextGenerationEU. 

La Red Local de Apoyo Vital tiene por objeto generar un sistema de interconexión y complementariedad entre los recursos locales existentes, aunando los esfuerzos de la entidades y agentes sociales. Se trata de prestar los apoyos necesarios a las personas que, careciendo de un entorno de protección adecuado, presentan una discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que afecta a su capacidad de obrar o tomar decisiones. En estos momentos se va a trabajar con una treintena de personas teniendo el cuenta el proyecto particular de vida de cada individuo, con una actuación centrada en la persona y el trabajo en red.

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Para tal fin se ha constituido una Comisión Local integrada por representantes de la administración regional en los ámbitos social y sanitario, los recursos locales del area V de salud y las asociaciones locales de carácter social como AFEMY, AMPY, ADFY, AFAY, ARY y el comité “En Primera Persona” en el ámbito de la salud mental. Por parte del Ayuntamiento participa la alcaldía, las concejalías de Política Social, Sanidad y Seguridad Ciudadana, asi como el Centro de Servicios Sociales y la Policía Local.

El proyecto surge a raíz de la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Con esta nueva normativa, se pretende posibilitar la autonomía y la vida en comunidad de personas en las que confluya una capacidad de obrar limitada, una red familiar insuficiente, y una situación de vulnerabilidad social. 

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