Nuestro territoriolidera el ranking autonómico de infracciones por contratos bonificados, con multas por un valor de 1.670.500 de euros. Además, se encuentra entre las tres primeras autonomías en incumplimientos en materia de tiempo de trabajo en los contratos a tiempo parcial, uso fraudulento en la contratación o en la afiliación y alta de personas trabajadoras por cuenta ajena en todos los regímenes, principalmente por el uso de la figura del falso autónomo.

Estos datos sobresalen del análisis de la memoria de la ITSS recientemente publicada y correspondiente al año 2019 en las 106.682 actuaciones llevadas a cabo en nuestra autonomía. Por provincias, Valencia, de la que destacan las 1.515 actas de infracción en materia de Seguridad Social, ocupa la cuarta posición en el ámbito estatal, seguida de la de Alicante.

CCOO PV denuncia que existe una bolsa de “fraude estructural” de economía sumergida y contratación que solamente se puede combatir con el aumento de personal en el cuerpo de la ITSS, que actualmente cuenta con 177 efectivos y que no se ha incrementado significativamente respecto al año anterior. También son necesarias campañas específicas, coordinadas con todos los agentes del mundo del trabajo, para acordar medidas que atajen esas bolsas de precariedad que están repercutiendo en las condiciones de seguridad de los lugares trabajo, la formación e información en materia preventiva, la transgresión normativa del contrato de trabajo o el tiempo de trabajo.

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Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO PV, comparte la alerta efectuada en la memoria sobre el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, ya que se limita a una cuestión únicamente formal, “mediante el recurso a un mero soporte documental, carente de la integración real de la prevención en la empresa, (…) lo que a la larga incrementa los índices de siniestralidad y merma la productividad en la misma”.

Finalmente, Patiño valora la creación del Observatorio Valenciano del Trabajo Decente por ser un instrumento muy potente a la hora de contribuir a la acción efectiva de la Inspección. También es una herramienta que permite la elaboración de políticas públicas que busquen la consecución de empleo de calidad, la disminución de la desigualdad social y de las tasas de pobreza laboral en nuestro territorio, así como poner en el centro a la persona propiciando entornos seguros.

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