La pasada semana
el grupo Popular de Villena adelantó la noticia de la intención por
parte del equipo de gobierno de contratar personal a través de una
ETT (empresa de trabajo temporal) para cubrir las bajas que se han
producido en el servicio de limpieza y recogida de basuras de nuestra
ciudad. Servicio de cuya gestión se ha ocupado nuestra ciudad desde
hace aproximadamente medio año. Pero no fue hasta el pasado viernes
cuando nuestro alcalde, Javier Esquembre, confirmó que el
ayuntamiento se había visto obligado a recurrir a este tipo de
empresas para cubrir las bajas que se habían producido en la
plantilla contratada.
Al respecto es obvia la postura que
Izquierda Unida tiene al respecto de tal medida. Aun entendiendo las
razones que plantea el grupo Verde sobre las limitaciones con las que
el ministro Montoro constriñe y ahoga a los municipios,
creemos que existe una falta de previsión grave que apenas justifica
la fuerza mayor que lleva a recurrir a la contratación de este tipo
de servicios. Nuestra apuesta por la municipalización de servicios
es clara y nuestro apoyo al equipo de gobierno al hacerla efectiva es
total. Pero ya manifestamos nuestras dudas sobre la intención de
evaluar su beneficio para nuestro municipio tras el transcurso de
seis meses –ahora ampliado a un año– puesto que a nuestro
entender no era un periodo suficiente para determinar su efecto. Y es
de hecho este corto plazo propuesto por el grupo Verde el que ha
propiciado la falta de previsión en su funcionamiento.
Para Izquierda Unida la apuesta por
recuperar para nuestro municipio la gestión de los servicios básicos
debe ser clara y concluyente. Y por tanto no nos cansamos de explicar
los motivos y los beneficios: permite controlar el funcionamiento del
servicio y realizar modificaciones acordes con la vida y el
crecimiento de la ciudad, ofrece la posibilidad de destinar el ahorro
en el pago del IVA y el porcentaje de beneficio industrial, a la
contratación de personal con sueldos dignos y de dar cobertura
laboral a las personas más desfavorecidas, sea por rango de edad o
por cualquier otro tipo de discriminación aplicada encubiertamente
por el mercado.
Aun así debemos manifestar nuestro
desacuerdo con la medida tomada por el equipo de gobierno. Sabemos
que existen fórmulas con las que se pueden sortear legalmente las
imposiciones de Montoro, pero para llevarlas a cabo es necesario
tomar una postura clara y decidida sobre la gestión de estos
servicios básicos ya que generalmente suponen un gran gasto
municipal y unas numerosas plantillas de trabajadoras y trabajadores.
Es necesaria una postura clara y decidida porque al final la mejor
decisión es que una ciudad se ocupe de sí misma.