A lo largo de esta semana
han ido apareciendo en el Diario Información, de manera muy
irresponsable, ya que las mismas pueden generar una innecesaria
alarma social, noticias relacionadas con el supuesto aumento
de ocupaciones de viviendas por parte de “bandas organizadas” con
un fin lucrativo “no legalizado” en la ciudad de Elda.
¡Qué decepción! Esta
Conselleria ha cambiado de gobierno, pero al parecer no de políticas.
Desde siempre, pero ahora con más ímpetu, las administraciones
públicas, concretamente sus responsables políticos, han utilizado a
algunos medios de comunicación, para tapar sus nefastas y
negligentes políticas, como es el caso de la Conselleria de
“Vivienda”.
Hay que recordar que la
“Ética periodística” y su código deontológico exige rigor
informativo y en el tratamiento de las noticias en todo momento
brilla por su ausencia, detallando aspectos no significativos,
obviando los importantes y sin acercarse a la raíz del problema, que
como todos sabemos es el estado de emergencia habitacional en que se
encuentra nuestra comarca.
La PAH ha denunciado en
repetidas ocasiones que la parálisis institucional del anterior
gobierno de la Generalitat y del actual, estaba generando situaciones
muy desesperadas y peligrosas. Con una lista de espera para el acceso
de una vivienda que supera las 300 familias en la comarca, con un
restringido acceso al mercado de alquiler privado, que sigue estando
en manos de inmobiliarias y que mantienen las mensualidades muy
elevadas, con los centenares de procesos de ejecución hipotecarias
abiertos, con las moratorias de desahucio acumuladas en los despachos
de los juzgados, el problema sigue siendo el mismo: la falta
vivienda.
La crisis/estafa provocó
que miles de familias perdieran sus trabajos y como en una reacción
en cadena sus casas. Muchas de estas familias, las más vulnerables,
ahora forman parte del sector de población que ya antes de la crisis
era excluido de los beneficios del mercado y del acceso a una
vivienda digna. El anterior Consell, estuvo de acuerdo con las
entidades bancarias en aquello de que la vivienda es un negocio
(legalizado) y no un derecho constitucional y transformó el
Instituto Valenciano de la Vivienda en una inmobiliaria con la cual
hacer negocios suculentos sus amigos empresarios.
Como sabemos vivienda hay
y la tienen casi todos los bancos al desahuciar de manera fraudulenta
a las familias. La administración pública, por su parte, sin
previsión de un más que evidente estallido de la burbuja
inmobiliaria y de la crisis/estafa, y haciendo oídos sordos al
mandato constitucional por el cual debe garantizar el derecho
habitacional, no adquirió vivienda pública y además dejó que se
deterioraran las que tenía muchas de ellas cerradas “a cal y
canto” y sin posibilidad de ser disfrutada por una familia.
Esta gestión
cortoplacista que no tiene en cuenta la necesidad real de las
familias, y que podría hasta rozar lo delictivo, es la verdadera
culpable de que en la actualidad hayan aumentado las familias que
necesitan una vivienda, que haya familias que de manera desesperada
intenten ocupar aún arriesgo tener consecuencias penales. Pero
también que haya familias sobre endeudadas por la negligencia de
EIGE o con cláusulas abusivas en contratos con la administración
pública.
La inmensa mayoría de
las ocupaciones en nuestra comarca son por necesidad. Si hay algún
caso aislado de hacer negocio (no legalizado), es la consecuencia, no
la causa. El burdo intento de criminalizar la pobreza, metiendo a
todo el mundo en el mismo saco para justificar la ausencia de
políticas integrales de vivienda demuestra, al menos, y siendo muy
benévolos, una desorientación general, una grave irresponsabilidad
social y una falta de ética de cara a la repercusión en la vida de
las personas afectadas.
