La Guardia Civil de Fiscal y Fronteras de Santa Pola ha llevado a
cabo una serie de inspecciones en establecimientos dedicados al
tatuaje, para verificar que la tinta utilizada por éstos es la
marcada por la legislación española. Como resultado, se ha
detectado un total de 32 infracciones administrativas, cuyos importes
oscilan entre los 6.000
y los 30.000
euros de sanción e, incluso, podría conllevar el cese temporal de
la actividad comercial.
Agentes pertenecientes
a la patrulla de fiscal y fronteras (PAFIF), de la Guardia Civil de
Santa Pola, han realizado diversas inspecciones en establecimientos
de toda la provincia de Alicante, dedicados a las prácticas del
tatuaje, micropigmentación, piercing u otras técnicas similares. Los 13 establecimientos
y los 2 almacenes distribuidores inspeccionados se encuentran en las
localidades de San Juan, Elda, Ibi, Elche, Villena y Alicante.
Gracias a estas
actuaciones se han detectado 4.932
botes de tinta
para tatuajes, valorados
en 68.912 euros,
los cuales estaban
puestos a la venta al público sin haber sido sometidos a ningún
tipo de homologación o control sanitario alguno y que procedían de
países como Reino Unido, Austria, Dinamarca y, sobre todo, de los
Estados Unidos sin tampoco control aduanero. Ninguno de ellos estaba,
por lo tanto, correctamente etiquetado, es decir, que no presentaban
factura alguna ni el DUA correspondiente (Documento Único
Administrativo, que acompaña necesariamente a todo producto
importado o exportado del territorio nacional).
De hecho, en una de las
inspecciones, concretamente en un local de Elda, al llegar los
agentes al lugar, observaron que un trabajador estaba cargando un
vehículo con botes de tinta procedentes de EEUU, todos ellos sin
etiquetar y también etiquetas sueltas, de una conocida marca de
tinta, supuestamente para pegarlas posteriormente a dichos botes,
haciéndolos pasar por legales. La finalidad que se deduce de ello es
ocultar todos estos efectos de la labor de inspección.
Estos productos
irregulares han sido intervenidos por los agentes y se han puesto a
disposición de la Administración de Aduanas de Alicante y de la
Generalitat Valenciana de la consellería de Salud.
Como consecuencia de lo
anterior, se han levantado un total
de 32
infracciones administrativas,
al Decreto 83/2002 de 23 de mayo del Gobierno Valenciano, sobre
normas que rigen la práctica del tatuaje, la micropigmentación, el
piercing u otras técnicas similares, así como requisitos para la
autorización y funcionamiento de los establecimientos donde se
practican esta técnicas, sin precinto de los productos y a la L.O.
6/11 de Represión del Contrabando.
Las personas
sancionadas
administrativamente son 14 hombres, de entre 48 y 20 años y 2
mujeres, de 37 y 39 años.
