Hoy se ha escenificado en el Parlamento de Cataluña el último paso hacia la ilegalidad y el desgobierno. Es importante, ante estos ataques a la democracia y a nuestro marco jurídico de convivencia que todos los demócratas respondan unidos, condenen estas actitudes que vulneran las disposiciones normativas y exijan el respeto a la Ley.
Por ello, nos duele que en el Pleno municipal de ayer, día 26 de octubre, PSOE y Verdes no fuesen capaces de apoyar nuestra moción para pedir al Gobierno que actúe, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España y para mostrar su condena al acoso sistemático al que los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional han sido sometidos mediante actos violentos, rechazando toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.
Nos duele, aunque no nos sorprende, que los Verdes votasen en contra de la moción que presentamos al Pleno municipal que llevaba por título “Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para apoyar y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho y sobre la unidad territorial nacional frente a desafíos independentistas” en la que se pedía mostrar nuestro rechazo al acoso y violencia que han sufrido los miembros de Guardia Civil y Policía Nacional estas semanas en el ejercicio de su labor en Cataluña además de pedir al gobierno que actúe frente a las iniciativas que pretendan destruir nuestra democracia. Lo que sí nos sorprende es la actitud del PSOE, que se abstuvo y ni siquiera se pronunció en el debate de la moción. Sorprende, y entristece, que un partido tan importante en la historia de nuestro país no tenga nada que decir al respecto, ni para condenar los ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ni para condenar los ataques a nuestra Constitución y nuestras leyes.
Ante este continuo desafío al Estado de Derecho, incumpliendo incluso el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las normas del Parlamento catalán, desde el Partido Popular de Villena pedimos al Gobierno de España que ponga todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña.
La situación que se vive en Cataluña, producida por la irresponsabilidad de sus gobernantes que llevan años alejados de las necesidades reales del pueblo catalán, está arrastrando a toda la sociedad catalana hacia la quiebra y la ruptura social, y puede derivar en un desastre absoluto; ya hemos visto las consecuencias económicas que está teniendo esta situación con la constante huida de empresas. Lo ocurrido en Cataluña es un atentado al Estado de Derecho y la democracia, el Govern y los partidos independentistas han llevado al Parlament a la ilegalidad. La deriva de los nacionalistas catalanes es la ruptura de las reglas del juego, un ataque al sistema y la degradación absoluta del respeto a la ley que debe regir en las instituciones y la democracia.
Lo que hemos presenciado hoy, no es más que una imposición de una minoría frente a la mayoría a la que no se tiene en cuenta por los gobernantes de Cataluña, una Declaración Unilateral de Independencia que es el último paso de los independentistas, el más grave, que obliga al Gobierno de España a aplicar el articulo 155 de la Constitución Española para devolver a la senda de la legalidad a la comunidad catalana y a sus instituciones. Puigdemont ha tenido en sus manos frenar la aplicación del articulo 155 de la CE. Desde el gobierno se le efectuaron dos requerimientos, y bastaba con decir que no había declarado la independencia para frenar este articulo. Decidió no decir ni si ni no ni todo lo contrario, sino directamente no contestar a estos requerimientos o hacerlo en términos distintos a los que se habían formulado. Ante esto, ante esa ilegalidad continua, el Gobierno está obligado a la aplicación del articulo 155, no para suspender el autogobierno sino frente al desgobierno. Ayer tuvo la última oportunidad de evitar este artículo convocando unas elecciones democráticas, dentro del marco legal, pero la han rechazado, por lo tanto, el único responsable de la aplicación del 155 es Puigdemont y su gobierno.
Por último, queremos manifestar nuestro apoyo al Gobierno de España en todas las decisiones que en el marco de la ley se adopten para garantizar el Estado de Derecho en Cataluña, siendo nuestra voluntad que las mismas deriven del mayor consenso político posible.
