El Grupo Municipal
Socialista va a votar en contra de la subida del agua que viene
implícita en el pliego de cláusulas administrativas particulares
para el contrato de la gestión y explotación del servicio de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado. El procedimiento y
la propuesta del equipo de gobierno Verde presentan importantes
deficiencias, si atendemos al estricto cumplimiento de la ley.
Nuestro voto contrario,
que se producirá el próximo lunes en la Junta de Gobierno, se
justifica por varios motivos. Pensamos, y así nos lo han trasladado
también desde el departamento de Intervención, que previamente a la
subida de tarifas o de tasas se requiere de manera obligatoria
aprobar una ordenanza fiscal que regule la subida del 21% del importe
del recibo. Un requisito administrativo que no se ha producido
todavía.
Por tanto, consideramos
que no se pueden aprobar unos pliegos con unas tarifas ficticias que
no están actualmente en vigor. Además, no se van a poder aplicar
hasta que se regulen conforme a la ley por lo que, en definitiva, se
estaría ofreciendo una información falsa a las empresas que quieran
presentarse al concurso público. Algo que, claro está, podría ser
objeto de interposición de recurso llegado el caso por algún
potencial concesionario que se sienta legítimamente perjudicado y
que haya concurrido a la convocatoria. A no ser que, siendo mal
pensados, exista un acuerdo previo con alguna empresa que pueda estar
al corriente de esta anomalía.
En segundo lugar, no
existen informes por parte de ningún funcionario municipal que
avalen las cantidades de ingresos y gastos que se están incluyendo
en el pliego técnico, que solo está firmado por el edil del área,
Antonio Pastor. Así pues, el informe en el que se basan esas nuevas
tarifas no cuenta ni con el visto bueno ni el respaldo de ningún
técnico del ayuntamiento. Desconocemos quien lo ha elaborado y,
evidentemente, no podemos dar por ciertas unas cifras pocos rigurosas
que no disponen del consiguiente reconocimiento oficial.
Asimismo, si realizamos
un ejercicio de buena voluntad y damos por ciertas las cuantías que
refleja el pliego, entendemos que la subida anunciada por la portavoz
Verde del 21% sobre el precio actual no se sustenta en ningún caso.
Aplicando unas sencillas operaciones matemáticas descubrimos que los
ingresos anuales previstos ascienden a 1.793.513,02 euros, al tiempo
que los gastos suponen 1.583.167,78. Eso arroja un saldo a favor del
ayuntamiento de nada menos que 210.345,24 euros anuales. Según el
pliego, el superávit está previsto que se reinvierta en llevar a
cabo una serie de estudios durante los escasos 10 meses que se supone
va a durar el contrato.
Creemos, sin embargo, que
la mayor parte de esos estudios ya se deberían haber realizado por
la concesionaria, atendiendo a los pliegos anteriores. Y, por
supuesto, no es culpa de la ciudadanía que no se hayan llevado a
cabo hasta ahora.
Si según el equipo de
gobierno Verde existe superávit en el ayuntamiento, entendemos que
no es el momento más adecuado para plantear una subida económica a
todas luces excesiva, que perjudica a todos los villeneros y
villeneras, pero especialmente a las rentas más bajas. Máxime
cuando los gastos de suministros quedarían prácticamente asumidos
ya por las actuales tarifas. Un rotundo sinsentido que evidencia, una
vez más, la improvisación, así como la falta de previsión y la
ausencia de diligencia que caracterizan a los gestores municipales.
