Componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de
Villarrobledo, bajo el marco de la operación “Chickpea”, han
detenido a tres personas, de 37, 40 y 67 años, por la comisión de
125 delitos, entre ellos los de pertenencia a organización criminal,
blanqueo de capitales, receptación, estafa, falsificación de
documentos privados, falsificación de documentos públicos,
falsificación de documentos oficiales mercantiles de la agencia
tributaria holandesa, y usurpación de estado civil.
Entre
las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran,
Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid,
Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.
Investigaciones y
modus operandi
La
Guardia Civil de Villarrobledo recogió la denuncia de un vecino de
esa misma localidad, y representante de una empresa de legumbres, que
informaba de que hacía unos meses había realizado una importante
venta de garbanzos, por valor de 42.000 euros, no habiendo recibido
esa cantidad por parte del comprador.
A
raíz de esta denuncia el Equipo de Policía Judicial de
Villarrobledo inició las investigaciones para tratar de identificar
al supuesto deudor, pudiendo comprobar desde las primeras pesquisas
que podría tratarse de una estafa compleja en la que una persona se
dedicaba a comprar grandes cantidades de mercancías a distintas
empresas que nunca abonaba y que a su vez vendía a una segunda
persona.
Realizada
esta venta, el adquiriente se encargaba de incorporar la mercancía
en el mercado lícito, vendiendo estos productos a un precio muy
inferior al valor del mercado, pagando los beneficios que le
correspondían al vendedor a través de diversas cuentas bancarias
afincadas en varios países de la Unión Europea.
Estas
cuentas bancarias eran gestionadas por una tercera persona, quien
había creado un entramado de empresas a nivel europeo a través de
las cuales, realizaban multitud de movimientos entre ellas, para
enmascarar y dificultar una posible investigación policial.
Organización
criminal
La organización
criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada,
siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las
compras y crear los dominios en
Internet para simular más tarde, ser un alto ejecutivo de dichas
empresas a las cuales les usurpaba la identidad, al igual que hacía
el, que utilizaba varias identidades falsas ante posibles
investigaciones policiales.
El segundo integrante
era la persona encargada de recepcionar la mercancía comprada y no
pagada por el jefe de la organización e introducirla en el mercado
lícito, vendiendo esta a un precio muy inferior al de mercado,
obteniendo con ello un importante beneficio económico de las
operaciones. El dinero obtenido de las ventas era derivado, a cambio
de la mercancía, a cuentas bancarias afincadas en Rumanía, Gran
Bretaña e Irlanda, a nombre de una tercera persona.
Registros
practicados y efectos intervenidos
Fruto
del trabajo de investigación,
combinado con la instrucción de diligencias y una vez corroborado el
grado de implicación de los detenidos en los hechos investigados, se
realizó un registro en la vivienda del jefe de la organización,
donde
se intervinieron los siguientes efectos de interés para la
investigación:
-
Un
ordenador portátil, que utilizaba el cerebro de la organización
para realizar las estafas a las empresas, usurpar identidades,
falsificar documentos y gestionar los dominios de Internet y páginas
Web para dar a las víctimas, apariencia de solvencia. -
Varios
dispositivos de almacenamiento externo, que contenían multitud de
documentos, facturas, albaranes, etc, relacionados con la
investigación. -
Dispositivos
electrónicos, como smartphones, tablets, además de varias
porta-sim, con teléfonos nacionales e internacionales. -
Tarjetas
de crédito y documentos bancarios relacionados con entidades
bancarias afincadas en los países afectados por las estafas.
Doce
provincias afectadas
Entre
las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran,
Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid,
Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.
Destacar
que se han tramitado 5
comisiones rogatorias internacionales
con otros tantos países relacionados con las estafas, además de una
investigación patrimonial con las entidades interesadas al objeto de
inventariar el patrimonio real de las mismas.
