La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló ha
informado de la tramitación de diligencias y en su caso, apertura de
expedientes informativos a 10 cargos públicos, que forman parte de un
total de 233 casos cuya vacunación ha sido objeto de análisis por no
ajustarse aparentemente a los grupos de riesgo correspondientes.
«De
todos ellos -ha concretado Barceló-, un total de 171 casos están
justificados por haberse administrado la primera dosis de vacunas ya
reconstituidas a personas, bien del grupo siguiente o bien de grupos de
riesgo justificados». «En cuanto a los 62 casos restantes, son los que
se ha procedido a investigar con más detalle para depurar, en su caso,
responsabilidades», ha destacado la titular de Sanidad.
Barceló
ha precisado que ordenó, tanto a la Dirección General de Recursos
Humanos como a Salud Pública, la apertura de expedientes informativos
para saber, en el primer caso, si algún profesional de la Conselleria
había cometido alguna irregularidad y, por otro, si habían sido
vacunadas personas no pertenecientes a los grupos que les correspondía y
si, de darse el caso, había alguna causa que justificara esta
vacunación.
Según Barceló, de la información recabada hasta
el momento, se desprende que «se pueden haber cometido irregularidades»
y, «dada la trascendencia de este asunto y en aras de la trasparencia»,
ha avanzado algunos detalles «a expensas de que se sustancien varios de
los expedientes que aún continúan abiertos».
Asimismo, la
titular de Sanidad ha detallado que, desde la Dirección General de
Recursos Humanos de Conselleria, en este momento hay abiertos 9
expedientes informativos, entre ellos los que ya están en fase de
diligencias previas o aquellos en los que se ha solicitado una
ampliación de información. «Todos ellos afectan a personal propio que
haya podido intervenir en el proceso de vacunación y, al encontrarse en
trámite, están sujetos a la privacidad y protección de datos
correspondiente», ha puntualizado Barceló.
Diez casos de cargos públicos
Respecto
a estas 62 personas que han recibido la vacuna sin corresponderles, la
máxima responsable de la Sanidad valenciana ha referido también las
condiciones en las que han ocurrido los hechos en los casos de 10 cargos
públicos que, «por su especial relevancia y trascendencia, se
consideran de interés general», ha precisado Ana Barceló.
En
el caso de Ximo Coll Moll, alcalde de El Verger, y Carolina Vives
Bolufer, alcaldesa de Els Poblets, se vacunaron juntos los dos el 8 de
enero en el Centro de Salud El Verger por parte del personal del centro,
y se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
En
cuanto a Cristina Morera, en ese momento concejala de Servicios
Sociales y Sanidad de Dénia, y alguno de sus familiares, fue vacunada el
12 de enero en la residencia Santa Lucía de Dènia y se encuentra
abierto expediente de diligencias previas.
Por lo que
respecta a Jose Luis Cuesta Merino, en ese momento fiscal jefe de
Castellón, fue vacunado en el centro de salud 9 de octubre, el 29 de
enero se inician diligencias previas por parte de Recursos Humanos. Los
responsables de la vacunación son la coordinadora de Enfermería de
Atención Primaria y un enfermero. Y se encuentra abierto expediente de
diligencias previas.
Por su parte, Luis Rubio, alcalde de
Villahermosa del Río, y que, como alcalde, es también administrador de
la residencia municipal, se vacuna en la residencia municipal, según
alega, porque estaba en el listado de trabajadores y residentes
facilitado por la residencia y autorizado por Salud Pública, donde él se
incluye. Se encuentra abierto un expediente informativo en el
Departamento de Salud de Castellón.
En cuanto a Francisco
López López, alcalde de Rafelbunyol, la vacunación se produjo el día de
inicio de la campaña en la primera residencia de la Comunitat Valenciana
en la que se administraba la vacuna, motivo por el cual se invitó al
alcalde y se le administró una dosis que sobró al final de la jornada.
Se archiva el expediente por parte de Recursos Humanos. En esta línea,
Barceló ha destacado que ha tenido este martes conocimiento del informe
de Salud Pública de Valencia, donde se alega que no existía un
protocolo. A este respecto, la consellera ha requerido a la directora
general de Salud Pública para que le aporte información sobre el
contenido de un informe del que, tal y como ha señalado no ha tenido
conocimiento.
En el caso de Bernabé Cano, alcalde de La
Nucía y diputado provincial, se vacuna el 6 de enero en la Residencia
Savia La Nucía. Se presenta junto con el concejal de Sanidad en la
residencia, sin tener autorización para ello e incumpliendo, por tanto,
el protocolo previsto en los centros sociosanitarios, y sin figurar en
los listados de vacunación. Y, a pesar de lo anterior, es vacunado por
el personal de la residencia. Se encuentra abierto expediente de
diligencias previas.
Respecto a José Galiana, concejal de
Sanidad de Orihuela, fue vacunado el 6 de enero en la residencia Las
Espeñetas. Se encuentra abierto expediente de diligencias previas.
En
cuanto a Juan Bautista Roselló, diputado provincial responsable del
Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo, se vacuna el 12 de enero en el
mismo centro al estar incluido en el listado de trabajadores y
residentes facilitado por la Diputación para su vacunación. Al estar
incluido en el listado, se archiva el expediente por parte de Recursos
Humanos.
Por último, en el caso de Àngel Ribés Bellés.
alcalde de Benlloc (Departamento de salud de Castelló), se están
investigando las circunstancias en que se ha producido la vacunación al
aparecer esta persona en el listado facilitado por Salud Pública.
Tramitación de diligencias y, en su caso, apertura de expedientes
Respecto
a estas personas, la titular de Sanidad ha informado que «se ha
solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en
su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para acotar
los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso», así
como también la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la
Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat
de Salud de la Comunitat Valenciana.
Ana Barceló ha
resaltado que «las posibles irregularidades, 62, cuando se llevan
puestas más de 149.000 vacunas, un 0,041%, no empañan en ningún caso un
proceso de vacunación que está transcurriendo con la más absoluta
normalidad».
Segunda dosis: conclusiones del Comité de Bioética
Respecto
al suministro o no de la segunda dosis de la vacuna a estas personas,
la titular de Sanidad ha recordado que ordenó que «no se les
suministrara en tanto se toma una decisión definitiva, valorando la
trascendencia médica que pueda tener la decisión, si es que la tiene, y
teniendo en cuenta la posición del Comité de Bioética de la Comunitat
Valenciana, a quien se consultó».
En este sentido, la
responsable sanitaria ha informado que el Comité ha trasladado a su
departamento sus primeras conclusiones en las que indica, que «la
administración de esta segunda dosis a estas personas debería plantearse
tan solo después de haber concluido la vacunación de los grupos
recogidos en la estrategia de vacunación. La recomendación es, en todo
caso, vacunar a las 6 semanas de la primera dosis que, asegura el
informe del Comité, es el plazo máximo marcado por la OMS para la
segunda dosis de la vacuna Pfizer».
Según Barceló, el
Comité también recomienda en su informe «que se tomen medidas de sanción
o disciplinarias que, administrativa y políticamente correspondan, y
que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno».
