La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto en
marcha un procedimiento de inscripción para personal del Sistema
Nacional de Salud jubilado interesado en colaborar en tareas de apoyo o
en la campaña de vacunación contra la COVID 19. Se trata de una medida
que se adopta porque el control de la evolución de la pandemia por parte
de los sistemas de salud puede exigir un refuerzo de las plantillas de
profesionales.

A día de hoy, el Sistema Valenciano de
Salud tiene capacidad para administrar de forma ágil las vacunas que la
Comunitat Valenciana recibe, pero si las farmacéuticas pudieran aportar
una cantidad importante de dosis en un tiempo relativamente corto, la
campaña de vacunación se podría reforzar con este personal voluntario.

Las
vacunas son una herramienta segura y eficaz para controlar la evolución
de la pandemia y preservar la salud de la ciudadanía y la Conselleria,
en su afán por anticipar todos los escenarios posibles a la hora de
diseñar las estrategias de planificación e implementación de la
vacunación, ha resuelto abrir un procedimiento para incorporar a la
campaña, en caso de ser necesario, de forma voluntaria, a personal
jubilado del Sistema Nacional de Salud menor de 70 años.

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El
procedimiento está abierto a profesionales de Medicina, Enfermería,
Odontología, Veterinaria y Podología del Sistema Nacional de Salud
menores de 70 años; y la inscripción se realiza telemáticamente (a
través de la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública consultar aquí).

Las
personas interesadas deben cumplimentar y registrar la solicitud
‘online’, donde han de indicar el colectivo al que pertenecen y el
departamento de salud con el que querrían colaborar, así como sus datos
personales y medios de localización. La documentación acreditativa de
los requisitos se presentará cuando la Administración lo requiera y la
inscripción permanecerá abierta hasta nuevo aviso. En caso de duda, se
puede llamar al teléfono 012.

La apertura de este
procedimiento de personal jubilado voluntario es una medida prevista en
el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19; y ya se contemplaba también en la
primera declaración de estado de alarma por la COVID-19 (marzo de 2020).

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