En 2021 Salvatierra conformó inicialmente un grupo de más de diez personas que sentó las bases para un trabajo tenaz de alegaciones a los estudios de impacto ambiental de los proyectos de las macro-plantas fotovoltaicas que amenazaban y amenazan la integridad ambiental y agrícola nuestro territorio. En estos tres años Salvatierra ha hecho veintidós alegaciones: todos los estudios de impacto ambiental de las macro plantas fotovoltaicas presentados en nuestro término. Nuestra asociación ha defendido la necesidad de una transición energética justa, racional y sostenible, en donde las energías renovables juegan un papel clave. Sin embargo, hemos argumentado una y otra vez que las propuestas presentadas suponen en su conjunto la más grave afección ambiental a nuestro término: suponen la versión injusta, irracional e insostenible de esa necesaria transición.
La ciudad y la comarca nos ha mostrado su apoyo en la manifestación multitudinaria del 1 de abril de este año, sin embargo los proyectos siguen adelante y nuestros políticos se mueven entre la tibieza y el colaboracionismo. De hecho, las plantas FV Argos y CFV La Atalaya, en el valle de El Puerto – Sierra de Salinas tienen ya la «autorización administra previa» para su instalación.
Sin embargo la Asociación Salvatierra-Ecologistas en Acción de Villena no se rinde y pretende denunciar en fiscalía lo que consideramos un conjunto de delitos ambientales que invalidan el despliegue de las plantas fotovoltaicas en el valle. La semana pasada configuramos un nuevo equipo de personas alrededor del apoyo y asesoramiento de Mariano Tomás, un conocido activista turolense afincado en nuestra provincia. Mariano Tomás está detrás de varias decenas de paralizaciones cautelares de proyectos de instalaciones eólicas y fotovoltaicas a partir del procedimiento de denuncias en fiscalía por delito ambiental. Además nuestro equipo incluye a conocidas personas juristas de nuestra ciudad, implicadas con la preservación y promoción de nuestros valores ambientales (José del Rey, Isabel Micó y Francisco Maestre) y el resto del equipo de fotovoltaicas de Salvatierra (al que se han sumado más personas del ámbito de la biología y la educación como Rosalía Alonso o Elspeth McDarlene). El equipo ha ido perfilando e identificando lo que interpretamos como ilegalidades asociadas a las afecciones sobre la ordenación y figuras de protección del espacio, las especies y la desconsideración de la legislación sobre el procedimiento de evaluación ambiental.
Empieza pues una nueva etapa en el trabajo de la asociación que añade una línea de trabajo orientada hacia acciones jurídicas, sin desconsiderar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de pleno de este mayo sobre la suspensión de licencias a las grandes plantas fotovoltaicas, la promoción de las comunidades energéticas locales y la labor de difusión y acción ciudadana.
