La
protección de las víctimas es urgente, impulsando políticas que
pongan la prevención de la violencia como prioritaria, pero también
un modelo coeducativo en todos las edades que asegure la educación
en igualdad y en el respeto a la diversidad.
En
la IV Conferencia Mundial de las
Mujeres celebrada en Beijing (Beijing 1995) se
reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la
igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos ya que impide que las
mujeres disfruten de sus derechos y libertades fundamentales y es
considerada como “una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres, que ha conducido a la dominación masculina, a la
discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la mujer”.
Además,recoge que la violencia contra las
mujeres se produce “en todas las
sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están
sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin
distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura.”
Así
mismo, para la Asamblea General de la Onu, la Violencia de géneroabarca:
«La
violencia física, sexual, psicológica en la familia, incluidos los
golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación
genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer,
la violencia ejercida por personas distintas al marido y la violencia
relacionada con la explotación;la violencia física, sexual y
psicológica al nivel de la comunidad en general incluidas las
violaciones y, los abusos sexuales, el hostigamiento y la
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones y en otros
ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la
violencia física, sexual y psicológica perpetrada por el Estado,
dondequiera que ocurra».
Las
situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los
y las menores que se encuentran dentro de su entorno familiar,
víctimas directas o indirectas de esta violencia. La
Ley contempla también su protección
no sólo para la tutela de sus derechos, sino para garantizar de
forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la
mujer.
La
protección de las víctimas es urgente, impulsando políticas que
pongan la prevención de la violencia como prioritaria, pero también
un modelo coeducativo en todos las edades que asegure la educación
en igualdad, en el respeto a la diversidad.
Es
imprescindible incluir la formación específica para todo el
personal profesional que interviene en los procesos de violencia de
género: asistencia social, sanitaria, educativa, judicial, fuerzas
de seguridad…
Así
mismo todos los organismos e instituciones del Estado han de
implicarse en la lucha contra las violencias machistas haciendo
hincapié, entre otras legislaciones, en el cumplimiento de los
convenios Internacionales refrendados por España y las
recomendaciones al Estado Español llevadas a cabo por la CEDAW (La
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer) y que el actual gobierno del
PP no ha acatado hasta el momento.
Hace
un año miles de personas salieron a la calle en Madrid en una
protesta masiva contra las violencias machistas, la primera de
carácter estatal. Con la mecha de aquel 7 de noviembre todavía
prendida, el movimiento feminista continua movilizándose para exigir
“que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de
Estado”.
En
España se registra una agresión
sexual cada ocho horas, según los
datos que el Ministerio de Interior recoge desde 2009. Desde entonces
y hasta 2015 se han registrado 9.040 violaciones con penetración. El
8,6% de ellas fueron a menores de 13 años y el 19% a adolescentes de
entre 14 y 17 años. La estadística también recoge que el 82%
fueron violadas por conocidos.
Sin
embargo, las cifras oficiales no incluyen otros tipos de agresiones
sexistas. Tampoco lo hace la ley integral de violencia de
género. Por ello, la Plataforma 7N
propone que esta norma incluya todas
las formas de violencia contra las mujeres, “no sólo aquellas que
ocurren dentro de la pareja”.
El
colectivo recuerda que la Valoración Policial del Riesgo de
Violencia sobre la Mujer (VioGen) ha pasado de proteger a 31.691
mujeres en 2010 a 16.613 en 2015 y el presupuesto del Estado
destinado a esta problemática se ha ido reduciendo desde 2009.
El
Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 15 de noviembre
aprobaba por unanimidad una Proposición no de Ley por la que se
reclama un pacto de Estado contra la violencia de género. Se ha
aprobado la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión
de Igualdad que elabore en cuatro meses un informe que «identifique
y analice» los problemas que impiden avanzar en la erradicación
de las diferentes formas de violencia de género y proponga
actuaciones para dar cumplimiento a las recomendaciones de los
organismos internacionales.
Deseamos
que no sean meras declaraciones de voluntad sino que se garanticen
las partidas presupuestarias suficientes y doten los recursos
imprescindibles para su real aplicación.
