Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a realizar
actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la violencia de
género en este día de celebración internacional.
Es
una invitación explícita al rechazo de la violencia de género por parte de toda
la sociedad y el PSOE la hace suya porque la tolerancia cero a la violencia
contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Porque el
PSOE es un partido libre de violencia. Porque es nuestro compromiso, son
nuestros valores.
El
próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno
del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente
conocida como “Ley Integral” ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia
de género en todos sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional.
De
hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones
de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las
instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria
conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.
Las
tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la
violencia sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las
formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La
Ley Integral, impulsada por el Gobierno Socialista, supuso su apuesta inequívoca
por la lucha contra la violencia de género, la defensa decidida de la
ciudadanía en las situaciones de máxima vulnerabilidad y dio un tratamiento
integral y sistemático a la lucha contra la violencia de género, con tres
objetivos claros:
-Prevenir
la violencia de género, y apoyar y proteger a las víctimas y a sus hijos e
hijas menores.
-Perseguir
a los agresores.
-Sensibilizar a la sociedad
española de la necesidad de combatir la violencia de género, dejando atrás
siglos de opresión y de silencio cómplice.
Los
diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún
prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias
falsas”. La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier
duda al respecto afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada
año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 0,018%, suficientemente
elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las
“denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer”. Y el balance de la
aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestra la
necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su
desarrollo.
Sin
embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por
la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el
número de asesinatos lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de
agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra
más elevada de los últimos cuatro años.
Frente
a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus
continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en
esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada
al Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas
legislativas que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, denominada popularmente como Ley Wert o la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local por
poner solo dos ejemplos.
Así,
con la eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía (LOMCE, Ley
Wert), que formaba en valores a los futuros ciudadanos y ciudadanas, como son
el respeto y la dignidad de las personas, y la igualdad entre hombres y mujeres
se elimina la mejor medicina contra la violencia de género: la prevención. En
sentido contrario, el PP apoya la educación segregada por sexos.
Por
su parte, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la
oposición e impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las
competencias que los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en
Igualdad y Violencia de Género, alejando de esta manera los servicios públicos
de la atención de las mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y
apoyo específico, que realizaban los servicios sociales municipales.
También
el Proyecto de reforma del Código Penal muestra la falta de una decidida
respuesta penal del Gobierno ante la violencia de género al eliminar completamente
el concepto violencia de género de su articulado, al rebajar la gravedad del
delito de lesiones y al continuar sin excluir expresamente la mediación en los
supuestos de violencia de género, como indican la Ley Integral contra la
violencia de género y los tratados internacionales. Además, el proyecto exige
que se presente una denuncia para poder perseguir las lesiones menores, cuando
éstas son los primeros indicios o alertas de posibles casos de violencia de
género.
Otras
reformas que atentan contra el espíritu de la Ley Integral y contra las
garantías de protección de las víctimas son el Proyecto de Ley del Estatuto de
la víctima del delito, que obliga al reembolso de los gastos causados a la
Administración, en caso de absolución o sobreseimiento, cuando el 40% de las
sentencias dictadas en violencia de género son absolutorias y la anunciada Ley
de Custodia impuesta, en el caso de separación o divorcio, cuando, por promedio
desde 2009, el 75% de las mujeres no denuncian malos tratos y escapan del maltrato
a través de la ruptura con su pareja.
El
Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy
peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra
la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus
cimientos ideológicos, legales y simbólicos.
La
Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que
ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la
violencia de género de sus prioridades. La demostración más evidente de esa
falta de voluntad política del Gobierno del PP de atacar las raíces y luchar
decididamente contra la violencia de género se viene manifestando en los
Presupuestos Generales del Estado. Para 2015 se sigue manteniendo en “números
rojos” la partida destinada a la lucha contra la violencia de género, que
soporta un recorte del 22% desde la llegada al Gobierno del PP.
Por
todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la
violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se
restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los
recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.
