Se trata de una primera valoración, aunque consideramos que la situación es lo suficientemente grave como para realizar un correcto análisis, que pondremos en práctica desde el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, junto con Concapa y Covapa. Nos encontramos en un nuevo momento de confusión que nos ha creado la Consellería a través de esa nueva sorpresa.
Se trata de una primera valoración, aunque consideramos que la situación es lo suficientemente grave como para realizar un correcto análisis, que pondremos en práctica desde el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, junto con Concapa y Covapa.
Nos encontramos en un nuevo momento de confusión que nos ha creado la Consellería a través de esa nueva sorpresa. El Consell ahora pretende hacer cómplice de su negligencia a las propias Corts, al emplear de forma surrealista la figura del Decreto Ley. Usar al parlamento para tapar las vergüenzas del ejecutivo es propio de regímenes totalitarios. El decreto-ley no es para esto, sino para actuaciones de urgente necesidad.
En cuanto a posibles reacciones consideramos que las limitaciones para el acceso a recurrir este decreto-ley nos hace pensar que hay partidos con determinada presencia y que alcanzan mínimos oportunos de diputados o senadores, a los que habrá que instar para mover pieza en busca de normalizar esta situación, aunque estudiaremos todo tipo de estrategias y análisis de la legalidad.
Las recientes declaraciones de Marta Martín, de Ciudadanos, también abren una línea de acción al referirse a que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra se ha pronunciado presentando “un Decreto-Ley urgente” que es lo que justifica este nuevo instrumento de rabiosa e inmediata aplicación, cuando llevamos tiempo hablando de la rigurosa urgencia para la comparecencia de Marzà en las Cortes, y que fue rechazada argumentando que… no era urgente.
Por otra parte en Idiomas y Educación consideramos que ya arrastramos más de tres meses, si contamos desde el pasado día 30 de mayo, exactamente una semana después del auto que mantiene suspendido el decreto, ya que una semana es tiempo suficiente como para programar un nuevo proceso de escolarización, o al menos, un nuevo proceso de movilidad que permita recuperar los derechos de escolarización de los padres condicionados por la prioridad de elección de centros según la legislación en vigor, el decreto 2012 de plurilingüismo, por lo que desde hace tiempo la Consellería está actuando con evidentes muestras de desacato al Alto Tribunal, y después de todo este tiempo, ahora pretende emboscarse por elevación, al emplearse nada menos que en un Decreto Ley justificándolo por la necesidad de urgente intervención, e implicar al legislativo en su necesaria convalidación.
Dadas las dificultades jurídicas que surgen para afrontar este rodillo de la imposición, la manipulación y el chantaje, con lo que ahora nos presenta el gobierno dictatorial de la Comunidad Valenciana, consideramos que las opciones políticas para revocar este decreto son de vital importancia, por lo que lo tendremos en cuenta para luchar desde nuestra asociación, Idiomas y Educación en dar valor a las iniciativas de aquellos partidos políticos que luchan contra este sinsentido, que priva y lesiona derechos fundamentales a padres y a alumnos.
En cuanto al estado de ánimo de nuestra asociación sobre esta reacción del Consell queremos manifestar que es alto, dado que entendemos que la estrategia y las actuaciones del mismo son patéticas, nefastas, horrorosas… por lo que no nos cabe duda que esas acciones bolivarianas les pasarán factura, una factura que se traducirá en una puerta orientada en un futuro próximo hacia la democracia y la libertad. En todo caso y aparte orientarnos a las urnas y a las acciones de los partidos políticos que defienden la libertad de los padres, seguiremos luchando también por la vía jurídica y judicial.
