Cuando parecía que el decreto de plurilingüismo había salvado todos los obstáculo en su camino, y no pocos precisamente, una nueva medida amenaza el que se lleve a cabo su implantación definitiva durante el próximo curso. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha suspendido cautelarmente la norma de la Generalitat como consecuencia de un recurso interpuesto por la Diputación de Alicante, que es de signo popular y había mostrado un perfil especialmente crítico con la norma.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, no se ha dejado amedrentar por este nuevo estacazo. Después de haber lidiado con críticas desde distintos sectores sociales, que a su vez también han presentado numerosos recursos en contra de la normativa, desde el PP a las asociaciones de padres conservadoras, se ha apresurado a pedir «tranquilidad». Además ha asegurado que su departamento continuará adelante con todos los procesos que ahora están en marcha, pasando por la admisión de alumnado que tiene lugar esta semana.
La resolución del TSJCV no es firme y frente a la misma cabe recurso de reposición, que podrá interponerse en el plazo de cinco días. Marzà ya ha confirmado que desde el Consell pelearán. «Tenemos todas las garantías de que el decreto está fundamentado y tiene una base tanto educativa como jurídica» argumentaba este miércoles el conseller, ante los medios, después de su comparecencia en Les Corts. Hacía referencia a que ya ha pasado el filtro del Consell Jurídic Consultiu y del Ministerio.
Fuentes jurídicas de la Generalitat deslizan, además, que ven «muy complicado» que las cautelares prosperen. Esto se debe a la argumentación jurídica contenida en el auto del TSJCV, que en algunos puntos peca de «valorativa». El argumento fundamental que esgrime para paralizar el decreto de Educación es el interés general: se pueden causar «perjuicios de imposible o difícil reparación» de aplicarse la norma. Es por ello que determinan «la imperiosa necesidad, o al menos, conveniencia» de paralizarla.
«Resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas», explica el TSJCV, que encuentra diferencias muy considerables entre los niveles Básico, Intermedio y Avanzado. También concede valor a que el recurso no haya sido presentado por un particular o asociación de padres de alumnos, sino por una institución pública. «No es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos», precisa, un punto del texto que no ha gustado en los despachos de Campanar.
No hay que olvidar que, más allá del aspecto jurídico, estamos ante un tema de calado político. La Diputación de Alicante, dominada por el PP, no tiene competencias en materia de Educación, y sin embargo ha decidido lanzar un envite a Compromís, que cuenta con un respaldo limitado en la provincia. Sin embargo, en este tema Marzà tiene el apoyo del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, quien durante una Trobada de Escola Valenciana quiso mostrar su apoyo inquebrantable. «El decreto de plurilingüismo y la política lingüística del conseller Marzà es la política lingüística del Gobierno valenciano», afirmó.
Tanto es así que en la pelea también ha participado el líder la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, quien ha criticado a su homólogo en Alicante al entender que ha hecho «un uso partidista de la Diputación para atacar a la educación pública» en una actuación «frentista» que entorpece al propio sistema educativo. La institución provincial valenciana ha expresado directamente «su indignación».
César Sánchez
El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se apresuraba este miércoles a celebrar la resolución del TSJ, que calificaba de “triunfo de la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos», pero también de su propio departamento «y la provincia de Alicante». “No se puede cambiar un modelo de sociedad a base de decretos», añadía, para luego proponer al Gobierno valenciano un pacto por la Educación y ofrecer la sede del Palacio Provincial “para que se pueda residenciar en ella el proceso de participación ciudadana».
Es cierto que el caso de Alicante ha sido especialmente polémico en todo este proceso, dadas las particularidades lingüísticas de este territorio. El uso del valenciano es menor que en Castellón o València, hasta el punto de existir zonas exclusivamente castellanoparlantes a las que se les había concedido una exención en las últimas normativas. Cuando se recopilaron los datos, sin embargo, sorprendió que los resultados fueron contundentes, hasta el punto de que los colegios castellanoparlantes abrazaron niveles altos de plurilingüismo.
Esto no evitó que el malestar siguiera latente. De hecho, la semana pasada Alicante acogía una concurrida manifestación contra el decreto de plurilingüismo, organizada por Covapa (que reúne a tres federaciones de padres de la Comunitat), las escuelas católicas (Concapa) y la asociación Idiomas y Educación. Los argumentos, de sobra conocidos: «La falta de participación de las familias en la elección de los programas lingüísticos y la discriminación en las horas de inglés que se impartirán». La tensión no ha disminuido ni por un instante.
Lo que dicen profesores y padres
Cabe recordar que el decreto se aprobó en enero con gran revuelo entre sus detractores, que presentaron numerosos recursos en contra. Pese a todo, el proceso para que cada colegio eligiera el nivel de inmersión lingüística arrancó en febrero y concluyó en marzo. Los centros han tenido que completar todos los trámites, desde adoptar la decisión en el Consejo Escolar hasta trasladarla a Conselleria de Educación y finalmente obtener el permiso en los casos en los que había dudas. De prosperar la suspensión cautelar de la normativa, todo este proceso habrá servido de poco, y no podría aplicarse durante el curso que viene.
Es por ello que algunos sindicatos de la enseñanza se han apresurado a protestar. La Federació d’Ensenyament de CCOO-PV ha calificado la medida de «infundada pedagógicamente y funcionalmente, ya que no ha mirado por los derechos lingüísticos ni educativos del alumnado con el proceso de matriculación ya iniciado». Algo parecido al argumento esgrimido desde Escola Valenciana que defendía su «carácter perdagógico, la participación de la comunidad educativa y el desarrollo democrático del proceso».
Por el contrario, el sindicato CSI·F ha recordado que fue la primera entidad en recurrir esa medida del Consell, al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y se ha enrocado en su postura. Según la patronal, el decreto fomenta un trato “discriminatorio” a los centros que escojan al nivel básico, cuyos alumnos no tendrán acreditación en inglés.
Como es lógico, las asociaciones de padres que habían protestado también se han mostrado satisfechas con la resolución del TSJCV. Los miembros de Idiomas y Educación celebraban la paralización de lo que ellos llaman «el decreto de chantaje lingüístico». No solo pedían la dimisión de Marzà y Puig «ante su extremada osadía de querer privar de la libertad fundamental de los padres, advirtiendo además, de que no bajaremos la guardia», sino que daban por hecho la vuelta al sistema anterior. «Lo vigilaremos con especial interés para evitar abusos y eliminación de lineas de PPEC (castellano) como represalia», aseguraban.
