El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha tendido la mano al Consell para abrir una etapa de diálogo y de búsqueda de consensos, tras la sentencia del TSJCV que anula los decretos de coordinación de turismo y deportes, aunque ha insistido en que debe basarse en el respeto y que habrá “mucha determinación por parte de esta institución en la defensa de la provincia y de sus intereses”.
Sánchez, que ha mantenido esta mañana un encuentro con los medios de comunicación, ha señalado que este auto judicial supone “un punto de inflexión porque pone negro sobre blanco que hay que respetar la autonomía local y la de las diputaciones y porque nos da la razón cuando decimos que el Gobierno Valenciano debe vertebrar y trabajar de manera coordinada con todas las administraciones pero que, en ningún caso, la vía de la imposición y el decreto son el camino”.
El presidente ha resaltado que no se trata de “ganar batallas sino de defender los intereses de la provincia de Alicante y de la Diputación”, cuya autonomía y legitimidad está reconocida en la Constitución del 78.
“Es importante transmitir a la ciudadanía que el Gobierno Provincial de Alicante quiere seguir trabajando de forma coordinada con la Generalitat pero con una relación basada en el respeto”, ha afirmado Sánchez, quien ha pedido al Consell un mayor esfuerzo para vertebrar la Comunitat “lo que no significa menospreciar a las diputaciones”.
“Estamos abiertos siempre a sentarnos a dialogar -la formula, si es a través de un comité o de una mesa de trabajo es lo de menos- porque el futuro de la Comunitat Valenciana es el futuro de sus tres provincias y de sus más de 540 municipios y todos tenemos una corresponsabilidad con ella, pero desde luego que la tarea de un gobierno es la de intentar unir y no separar, derribar muros y no construirlos y se construyen muchos cuando se pretende imponer algo”, ha manifestado el máximo dirigente provincial.
Sánchez ha apuntado, por otra parte, que no espera que prospere el recurso ante el Tribunal Supremo anunciado por el Consell porque éste órgano ya se pronunció a principios de los años 80 contra una ley promovida por la Generalitat que intentaba absorber competencias a las instituciones provinciales.
Crítica
Por otra parte, el presidente ha criticado el anuncio del Gobierno autonómico de que sean las diputaciones las que asuman el gasto social en el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes. “Pretender trasladar una competencia que le es propia sin los correspondientes recursos es una inmoralidad, además de una dejación de funciones y un atentado a la autonomía de la Diputación”, ha manifestado.
Finalmente, ha defendido el papel de las diputaciones, además de como administradoras de una provincia y defensoras de la identidad de un territorio, “como contrapeso a comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos que miran más hacia fuera que hacia dentro de España”.
