Las negociaciones pretendían poner fin a la
situación de precariedad que sufre el personal que trabaja en una empresa que
tiene contratos con la
Administración y que no tiene garantías de mantenimiento del
empleo cuando se acaba la adjudicación, salvo que su convenio colectivo lo
prevea, además de no tener aseguradas las condiciones laborales del sector de
referencia.
Por ello, las cláusulas laborales que contemplaba el acuerdo propuesto
a la patronal valenciana, incluían el mantenimiento del convenio sectorial y la
imposibilidad de modificar las condiciones laborales mientras durara el
contrato con la
Administración.
El objetivo de UGT-PV y CCOO PV en todo el
proceso ha sido el de evitar una competencia entre empresas vía costes
laborales, apostando por la calidad del servicio prestado. Por ello defendemos
que asegurar las condiciones en las empresas adjudicatarias tiene consecuencias
no solo para las plantillas afectadas, sino que también tiene un efecto
contagio en la calidad del empleo del resto de concesionarias de servicios. Ante
la negativa de la CEV,
CCOO PV y UGT-PV emplazan al Gobierno valenciano a regular estas materias en un
pacto con las organizaciones sindicales.
Además de las cláusulas laborales, el acuerdo pretende
una reordenación de las estructuras administrativas de participación de los
agentes sociales en el ámbito laboral y de la prevención de riesgos, para
potenciar su eficacia.
