En las manos de Liana Ardiles, la directora general de Agua del Ministerio de Agricultura, está futuro de miles de agricultores y abastecimientos urbanos de la provincia de Alicante que dependen de la llegada de agua desde el río Júcar, en la provincia de Valencia. Y el Consell de Ximo Puig, se queda al margen. Desde Madrid se está negociando en exclusiva con los usuarios no sólo la llegada de caudales sino también el precio que tendrán, en un convenio a medio plazo de entre 3 y 5 años. Una «deslealtad» que le puede costar cara cuando haya que negociar el futuro Pacto Nacional del Agua.
Este mes de septiembre deben quedar cerradas las negociaciones porque el convenio anterior caduca y los grupos de presión se han configurado en bloques terrotoriales, de un lado el Alto Vinalopó y de otro el Medio, con intereses contrapuestos. Desde el Gobierno valenciano observan las negociaciones como convidados de piedra. No tienen competencias, se quejan, por culpa de la cesión de las infraestructuras hídricas del Júcar-Vinalopó por parte del último Gobierno popular de Alberto Fabra -con el presidente provincial del PP de Alicante como conseller del área, José Císcar-. Un hecho que puede cambiar cuando los juzgados decidan la reversión de la balsa de El Toscar por «irregular», ya que la Junta Central de Usuarios es un ente privado (aunque los regantes lo niegan y dicen que están adscritos a la Confederación) y la balsa es una obra de dominio público.
Desde la Junta Central de Usuarios responsabilizan a su vez al Consell de buscar su desunión. Y es que en esta entidad hay opiniones para todos los gustos. Desde el Alto Vinalopó, de donde se extrae agua de los acuíferos que ahora se quieren preservar incorporando caudales de Valencia y de la desaladora de Mutxamel, se apostaba sólo por agua «de calidad», antes de la cabecera del Júcar (Cortes de Pallás) y ahora desde el embalse de Alarcón. Desde el Medio Vinalopó están mucho más necesitados y llevan años posicionados a favor de que el agua llegue cuanto antes, aunque sea desde la desembocadura del Júcar en Cullera. En lo que más se fijan es en el precio.
Llegada de 80 hectómetros cúbicos anuales
La necesidad de todos es la llegada de 80 hectómetros cúbicos anuales porque por el momento sólo llegan 15 hectómetros cúbicos. 50 de ellos para los regadíos y otros 30 para los abastecimientos urbanos. Para ello, lo principal es que se arregle la Balsa de San Diego en Villena (con capacidad para 20 hectómetros cúbicos de almacenamiento) y que ahora sólo se usa en una superficie ínfima porque está rota. Pero fijadas las etapas para alcanzar ese caudal, el problema es el dinero.
El Gobierno central está dispuesto a subvencionar una pequeña parte dejando el metro cúbico en 0,19 céntimos para todos los agricultores. Pero entre ellos no llegan a un acuerdo. Los regantes del Medio Vinalopó acusan a los de Alto de querer salir beneficiados y deslizan que sus compañeros de la comarca vecina negocian para ellos a 0,14 céntimos y 0,21 céntimos para el Medio-. En otros trasvases, como el del Tajo, hay un precio único para todos en Murcia, Almería o Alicante.
Desde la Junta Central, en cambio, niegan que se estén negociando precios diferentes para cada comarca y aseguran que lo que se está negociando son precios diferentes para los agricultores y para las ciudades, donde se puede repercutir un poco más de coste en los recibos sin tantos problemas como los que tienen los regantes.
A esto se añade el precio del agua procedente de la desalinizadora de Mutxamel es muy superior al del agua llegada del trasvase. ¿Quién podría asumirlo? El canal de la Huerta y Aguas Municipalizadas de Alicante, dejando de extraer agua en Villena, pero por el momento no hay acuerdo al respecto.
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