Con el problema de Villena por solucionar, desde la plataforma Calcsicova y de Afectados de Hepatitis C recordaron que nada de esto hubiera pasado si el Gobierno hubiera dado cumplimiento en tiempo y forma a la ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que prevé la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades. Después de 14 años, solo País Vasco y Cataluña las tienen transferidas.
A principios de año, el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyó, se comprometió a completar el trámite «en esta legislatura». Los juzgados tendrán que dirimir mientras quien debe pagar la factura de los tratamientos de hepatitis C en la población reclusa, colectivo con una tasa de infección de entre el 16 y el 20 %.
Apoyo a la Guardia Civil y Policía Nacional
Por otro lado, el pasado viernes el sindicato CSIF realizó una concentración de apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en las puertas del centro penitenciario de Villena.
Una muestra de apoyo a unos Cuerpos de Seguridad que con «gran profesionalidad»defienden la legalidad que garantiza la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones de los jueces y tribunales.
Desde CSIF se quiere manifestar la «solidaridad con ellos por la situación de dificultad y presiones que están recibiendo como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña».
