El pasado viernes doce de agosto asistí a una reunión convocada por algunas familias con problemas habitacionales en el barrio de l´Almafrà en Elda. Estas familias llevan, algunas de ellas, más de 4 años reclamando el reconocimiento y el derecho a la regularización de su situación. Son familias que ocuparon de manera “ilegal” viviendas en propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), antiguo IVVSA. Ocupaciones que se hicieron efectivas en la etapa del gobierno Popular y por una alarmante y desesperada necesidad ante la falta de alternativa habitacional.
Se daba la paradoja de que algunas de estas familias tenían aprobada la adjudicación de vivienda social pero llevaban años sin poder acceder a una, mientras permanecían cerradas e inhabitadas, muchas de ellas en los mismos bloques de edificios donde residían familiares y amigos, por lo cual conocían de buena tinta que esas viviendas estaban vacías. Incomprensiblemente la administración no hacía uso de ellas para reducir la lista de espera de demandantes de vivienda social.
Primero desde la PAH de Elda y Petrer y posteriormente desde su “Comisión de Vivienda Social”, ya autorganizadas las familias afectadas, se denunció esta situación, destapando la desidia y la falta de políticas de vivienda por parte del anterior Consell al mismo tiempo que se negociaba con EIGE la resolución concreta de las diversas problemáticas de las familias, llegando a arrancar compromisos a la Generalitat para la regularización de estas ocupaciones.
Un año más tarde y habiendo cambiado la dirección de la Consellería, las familias comentan muy angustiadas que algunas de ellas han recibido aviso del inicio de expediente de resolución de contrato y desahucio administrativo… vamos que van a ser desahuciadas.
La Conselleria d´Habitatge vuelve a utilizar el mismo recurso que su predecesora. Para ella, el problema no es la falta de vivienda en condiciones de habitabilidad, sino del uso fraudulento que se está haciendo de ella. Las familias no son tratadas cómo víctimas damnificadas de una crisis/estafa sino como culpables de su situación de desventaja y vulnerabilidad. La jugada estaba clara, primero se les criminaliza, publicando en prensa diversas noticias en la que pone en sobre aviso de una posible actividad delictiva, y luego se les niegan sus derechos y les desahucian con el consenso del resto de la población.
En la Plaza Simón Bolívar hay doce bloques de viviendas sociales en propiedad de EIGE que suman aproximadamente ciento ochenta viviendas. Que se sepan doce de ellas están ocupadas, por tanto estaban cerradas y sin uso social. De ellas sólo tres podrían catalogarse de uso fraudulento. En frente, en los bloques de l´Almafrà de Elda, gestionado por EMUDESA, hay cuarenta y ocho vivienda, cinco ocupadas, todas ellas como vivienda habitual, y otras tantas vacías y tapiadas.
Las tres vivienda que pueden estas siendo utilizadas de manera fraudulenta son una pequeña excepción, de fácil solución, comparado con las catorce ocupaciones por necesidad. ¿Donde está el problema entonces?
Ahora, algunas de estas familias tienen menos de treinta días hábiles para demostrar que sus viviendas son sus domicilios habituales. Como si no hubiera habido negociaciones y expedientes abierto en estos último dos años y no se conociera perfectamente la situación de cada una de ellas.
Desde mi punto de vista, tanto la Consellería, como los Ayuntamientos implicados deberían de ponerse en el lugar de estas familias, cambiar el “chip”, dejar de criminalizar la pobreza para poder garantizar los derechos humanos. Y algo muy importante y que a veces aún con voluntad de hacer correctamente no se tiene en cuenta: hay que hacer lo posible para acortar los tiempo de ejecución de la administración, ya que habitualmente son muchísimo más largos que los de las familias y las personas afectadas que sufren día a día el problema habitacional. Hagamos las cosas bien.
