Desbloquear
los proyectos municipales planteados para el edificio de la antigua
CAM, en la calle Pelayo, y de la estructura que debería haber
acogido el Instituto Tecnológico del Mármol ha sido el objeto de la
reciente reunión mantenida por el alcalde de Novelda, Fran Martínez,
con la directora general de Patrimonio y Modelo Económico, Isabel
Castelló.
La
sede de la Dirección General de Patrimonio en Valencia fue el
escenario de esta reunión a la que el alcalde noveldense, Fran
Martínez, acudió acompañado del concejal de Hacienda, Iván
Ñíguez, y técnicos municipales. En el encuentro de trabajo,
calificado por Martínez de “satisfactorio”
por la “positiva predisposición municipalista”
de la Generalitat, el primer edil trasladó a la responsable de
Patrimonio la necesidad de desbloquear la situación en la que se
encuentra el antiguo edificio de la CAM, en la calle Pelayo, en una
de cuyas plantas el gobierno municipal proyecta crear un espacio
compartido para emprendedores que albergaría también la sede de la
Agencia de Desarrollo Local, una propuesta que ha sido “acogida
positivamente” por la
Dirección General y en cuyo expediente comenzará a trabajar en
breve el consistorio noveldense.
Bastante
más complicada es la solución de futuro para los terrenos sobre los
que se levanta la estructura que debería haber acogido el Instituto
Tecnológico del Mármol, un asunto que se encuentra judicializado
desde que Aidico entró, hace más de tres años, en concurso de
acreedores. En este caso desde Conselleria se ha “mostrado
sincera voluntad”, según
señalaba Fran Martínez, para que la parcela “revierta
de manera positiva para la población de Novelda y el Ayuntamiento”
aunque, subrayaba, habrá que esperar a la resolución judicial.
Hay
que recordar que la estructura del ITM se levanta sobre una parcela
de 15.000 metros cuadrados, en la zona de El Fondonet, que el
Ayuntamiento cedió a la administración valenciana hace más de
quince años para la construcción del Instituto Tecnológico a
través de AIDICO que contó, además, con una subvención de cinco
millones de euros de los Fondos Europeos de la que Bruselas reclama
su devolución al no haberse cumplido el objeto para la que fue
concedida.
