De todos es sabido, que los ‘apaños políticos’, sólo benefician a los que los hacen y perjudican seriamente a la sociedad. Los políticos olvidan las promesas hechas en campaña y se dedican a apoyar a sus amiguetes, que en la mayoría de los casos, son los que ayudan y sufragan los gastos de las campañas electorales o, les mantienen en el cargo a cambio de otras dádivas.
A fuerza de mantenerse en el “Poder”, a lo largo de los años se han ido dando a las Comunidades Autónomas distintas “Competencias” para poder manipular, en momentos perfectamente estudiados, a los usuarios de las respectivas provincias; sobre todo a los niños, para llevarlos al extremo de la desfachatez.
No es un secreto para nadie la Educación poco veraz que se ha estado ofreciendo en Cataluña y, la discriminación que se ha estado haciendo al resto de España. Ahora, ese tipo de Educación se pretende apoltronar en la CC.AA. Valenciana gracias al sr. Marzá, y NO estamos por la labor.
Por mucho que les repugne a algunos catalanes y valencianos, son españoles y aunque jueguen con el Gobierno al gato y al ratón, por no tomar éste último las decisiones amparadas en la CE. (véase art. 151), los españoles NO estamos dispuestos a dejarnos amedrentar por una pandilla de cobardes estómagos agradecidos que se venden al mejor postor.
Puestos en la labor de buscar argumentos, les dejo aquí la respuesta que se nos ha dado desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Departamento de Comunicación con los Ciudadanos, ha sido el siguiente:
“Por otra parte, permítanos aprovechar estas líneas para asegurarle que este Gobierno ha estudiado, desde el primer momento, el Decreto al que usted alude, consciente de la problemática que subyace en él y sensible a todas las necesidades y planteamientos tanto de los ciudadanos, como del propio Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Por ello, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han mantenido contactos y reuniones con responsables de la Consejería de Educación de esa Comunidad, y se les ha manifestado por escrito los puntos que se consideraban más problemáticos. En la respuesta emitida por la Consejería se ha valorado, además de su contenido, el hecho de que manifestara expresamente su intención de cumplir con la normativa estatal vigente.
En cuanto al contenido concreto de las demandas del Ministerio, le indicamos que, en primer lugar, se le planteó las dificultades que puede suponer vincular los niveles de mayor utilización de valenciano y de inglés en las asignaturas no lingüísticas. La Consejería argumenta que el modelo lingüístico del Decreto 9/2017 asegura el dominio de las dos lenguas cooficiales y que en este plan simplemente introducen, de modo paralelo, medidas para fomentar el aprendizaje del inglés.
Por otro lado, se compromete a que en los centros de nivel avanzado al menos el 25 por ciento del horario lectivo se imparta en castellano y a recomendarles que elijan para ello una materia troncal, junto a la Lengua Castellana y Literatura. De este modo, se cumple la disposición adicional 38ª de LOE (junto a los antecedentes de sentencias judiciales), que establece una proporción razonable en las asignaturas impartidas en castellano como lengua vehicular.
Se anuncia también una próxima modificación del decreto de currículo de Educación Primaria para dejar a los centros un 10 por ciento del horario lectivo de libre disposición, lo que permitirá a estos aumentar el horario de inglés con prácticas de comunicación oral, o el de castellano como refuerzo, entre otras opciones.
Asimismo, se ofrece como compromiso la posibilidad de que los centros de niveles inferiores (básico e intermedio) realicen pruebas homologadas de idioma para que los alumnos acrediten sus conocimientos y obtengan la certificación correspondiente. Por tanto, estos alumnos podrán obtener lo mismo que en los centros de nivel avanzado, si demuestran sus competencias. Este punto concreto se va a regular, además, con la publicación de una Orden para la aplicación del Decreto 9/2017.
Finalmente, le informamos de que con la intervención del Consejo Escolar para la aprobación del proyecto lingüístico del centro se busca que haya consenso y acuerdo en la elección de su modelo lingüístico, porque es el órgano donde pueden ponerse en común las propuestas de las familias, del claustro de profesores y de la dirección del centro. Desde este planteamiento, se está respetando el principio de autonomía de los centros a elegir su modelo lingüístico.
Con todo ello, puede tener la seguridad de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continuará ejerciendo sus funciones de control de la actividad normativa de las Administraciones educativas, para que el ejercicio del derecho a la educación sea una realidad firme en todos los territorios del Estado español”.
La mejor función que puede ejercer el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es ampararse en la ley para la retirar las competencias, en este caso de “Educación” a todas las CC.AA. para así poder ser todos españoles e iguales ante la ley.
El sr. Marzá no busca el consenso de nadie; simplemente se limita a pregonar a los cuatro vientos lo que pretende hacer, sin dar oportunidad ni escuchar las propuestas de las familias ¿Dónde está la libertad de Educación y el derecho de elección de los padres?
Art. 14 C.E.: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
No se nos puede olvidar que los niños de hoy, serán los hombres de mañana.
