El coordinador del PP de la Provincia de
Alicante, Juan Francisco Pérez Llorca, ha lamentado hoy el uso “torticero y
partidista” de la Diputación de Alicante por parte del diputado provincial de
Compromís, Gerard Fullana, para “juzgar” un tema que ya ha sido revisado por
los tribunales en relación al pago de una factura a la Institución Ferial
Alicantina (IFA) correspondiente al año 2009 por una cena del PP por valor de
más de 8.000 euros.
“Fullana ha pretendido hoy que el pleno de la
Diputación de Alicante condenase un hecho que ha sido ya revisado, auditado y
archivado por el Ministerio Fiscal como el pago de la factura a IFA por una
cena del PP en el año 2009”, ha indicado Llorca. Un asunto que la propia
Fiscalía archivó al no ver indicios de delito alguno.
El PP de la Provincia de Alicante nunca se ha
opuesto al pago de la factura, pero sí a la forma en que se quería cobrar. Era
del todo imposible que una factura presentada en 2018 de un acto de 2009
(porque no se le facturó antes) se pagara cuando las contabilidades estaban
cerradas, auditadas y fiscalizadas por los órganos competentes para ello. Se
trataba de una factura extemporánea a la que el PP de la Provincia de Alicante
hará frente al abrirse un procedimiento monitorio.
Así, Llorca ha recordado que se va a pagar
después de haber llegado a un acuerdo extrajudicial con IFA, entidad con la que
ha establecido un calendario de pagos para abonar los más de 8.000 euros que
reclama la institución ferial después de años sin presentar factura.
El coordinador provincial del PP ha querido
desmontar hoy la “argumentación dañina” de Fullana y el “uso torticero de la
Diputación para vender su política”. “En el PP no vamos a aceptar lecciones de
moral de un diputado que pertenece a un partido que gobierna en la Generalitat
Valenciana y que tiene a uno de sus altos cargos procesado y con juicio oral
abierto por supuestamente haber evitado el control de las ayudas al valenciano
que se han dado al hermano del presidente Ximo Puig y a sus socios”.
Llorca se ha referido así a la apertura de
juicio oral decretada por el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia
recientemente al director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por un
presunto delito de falsedad en documento público en relación a las ayudas al
fomento del valenciano a las empresas del hermano del presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, en los años 2015 y 2016 por un valor total de 80.000
euros.
