Cuando hablamos de legalidad nos estamos refiriendo a la existencia de un sistema de normas jurídicas o leyes que deben ser cumplidas, nos gusten más o nos gusten menos, nos parezcan justas o no nos lo parezcan, mientras que por justicia entendemos “lo que debe ser”, lo que creemos que debe ser, lo que consideramos moralmente correcto. Lo lógico sería que estos dos términos –justicia y legalidad- coincidan, que tengan una mínima conexión, es decir, que las leyes sean justas, que la justicia y la moral sean las que inspiren los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, no siempre es así. Hoy en día legalidad no es sinónimo de justicia. De hecho, hace unos meses hubo una noticia que puso de manifiesto que justicia y legalidad no siempre van de la mano.
El 21 de Octubre de 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó la Doctrina Parot, mejor dicho, tumbó la posibilidad de aplicarla de manera retroactiva. Esta sentencia del TEDH conmocionó a la sociedad española. Sería una sentencia legal -porque en derecho la retroactividad desfavorable al Reo no está permitida- pero no era justo. No era justo, por ejemplo, que a la etarra Inés del rio cada asesinato que cometió le costase un año de cárcel.
Esta Doctrina Parot – denominada así porque se aplicó por primera vez en el año 2006 ante un recurso presentado por el etarra Henri Parot – es un dictamen emitido por el Tribunal Supremo por el cual la reducción de la pena por beneficios penitenciarios se aplica sobre cada una de las penas y no sobre el límite legal permitido de permanencia en prisión. Es decir, los condenados cumplirían íntegras sus penas, sin reducción de las mismas. El Gobierno de España había advertido que el fin de la Doctrina Parot conllevaría la puesta en libertad de 54 terroristas de ETA, siete del GRAPO, uno del GAL, y 14 presos comunes, uno de ellos condenado por 74 violaciones. Aún así, el TEDH optó por la legalidad y no por la justicia.
Hace escasas semanas, el debate sobre esta sentencia y sobre la Doctrina Parot se reabrió de nuevo. El 11 de Abril, el violador de Estrilete, puesto en libertad tras la sentencia del TEDH lo volvió a hacer, intentó violar en la localidad en la que reside con sus padres a una mujer. Esto demuestra que, como ya se advirtió en su momento, la mayoría de los criminales puestos en libertad ni estaban reinsertados en ese momento ni lo están ahora.
Dicha sentencia – como ya he dicho antes- es legal, sí, pero, ¿hace justicia? ¿Hace justicia con las víctimas y con sus familias? Y voy un poquito más allá, ¿tiene sentido poner en libertad a asesinos y violadores que al no estar reinsertados, se sabe con certeza que van a volver a delinquir? Yo creo que no.
