La Guardia Civil de
Alicante, mediante agentes del SEPRONA, ha llevado a cabo un total de
31 inspecciones en la provincia para detectar posibles
irregularidades en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Como resultado, se ha puesto a disposición judicial a 22 personas,
como presuntos autores de delitos contra la ordenación del
territorio y se ha realizado numerosas denuncias
administrativas, cuyos importes oscilan entre los 300 euros, la más
leve y el millón y medio de euros, la más grave de ellas.
En los últimos meses
se ha venido desarrollando diversos operativos en municipios de la
provincia de Alicante, por parte de la Sección del SEPRONA de la
Guardia Civil de Alicante, para comprobar el correcto cumplimiento de
la legislación que regula la Ordenación del Territorio y el
Urbanismo.
Para ello, los agentes
del SEPRONA han realizado vuelos en helicóptero por toda la
provincia, junto con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil,
llevando a cabo un total de 31 inspecciones para la investigación de
la comisión de posibles delitos contra la ordenación del
territorio, así como también, para la vigilancia y control de las
actividades relacionadas con urbanismo.
Petrer, entre otras ciudades
Mediante estas
inspecciones, se ha podido comprobar la adecuación de los actos de
edificación y uso del suelo a la normativa urbanística y
territorial aplicable, descubriendo igualmente, la existencia de una
serie de edificaciones/construcciones que, por su situación actual y
aspecto exterior, parecían recientes y no legalizables. Las
localidades afectadas son Hondón de los Frailes, Confrides,
Benifato, Villajoyosa, Pilar de la Horadada, Callosa d’en Sarrià,
Orihuela, San Vicente del Raspeig, Petrer y la ciudad de Alicante.
Tras un análisis
minucioso de la casuística de cada una de las diferentes situaciones
encontradas, se ha verificado que dichas edificaciones estaban
ubicadas en terreno clasificado como no urbanizable protegido,
ámbitos protegidos de la Red Natura 2000, concretamente de Lugares
de Importancia comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA).
Como resultado de estas
irregularidades observadas, se ha puesto a disposición judicial a un
total de 22 personas, como presuntos autores de delitos contra la
Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Además, se han realizado
numerosas denuncias administrativas a las Leyes de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de Vías Pecuarias y de Aguas. Los
importes de dichas denuncias van de los 300 a los 3.000 euros, si la
infracción es leve, de los 3.001 a los 30.000 euros, si la
infracción es grave y de los 30.001 al millón y medio de euros, si
ésta es considerada muy grave.
Por todo ello, se ha
solicitado a la autoridad competente el requerimiento de incoación
de expediente de reposición de la legalidad urbanística y
restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física
alterada o transformada como consecuencia de las actuaciones
ilegales.
Por parte del SEPRONA,
se recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar compra, obra o
construcción alguna, deben de asesorarse correctamente sobre
aspectos como la catalogación del terreno sobre el que se disponen a
construir y sobre la categorización y usos permitidos del mismo ya
que, además de la posibilidad de incurrir en infracciones
administrativas, también pueden estar cometiendo delitos, castigados
con penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, así
como incluso tener que demoler la edificación, por decreto judicial.
