El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido este jueves
la reunión de coordinación del dispositivo especial que se pondrá en
marcha a partir de este viernes, 29 de enero, para perimetrar los
términos municipales de València, Alicante, Castelló de la Plana, Elche,
Gandia, Alcoy, Benidorm, Orihuela, Paterna, Elda, Petrer, Sagunto,
Torrent, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig y Vila-real. En el
encuentro han participado alcaldes y alcaldesas de las localidades en
las que se ha establecido la limitación de movilidad, ediles de
Seguridad, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria
Calero, y los mandos del Cuerpo de Policía Nacional, Guardia Civil y
Unidad Adscrita.
Al término de la reunión, la consellera de
Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha
explicado que viene «un fin de semana complejo» porque las medidas
recogidas en el decreto del President «suponen la restricción de
movilidad para más de 2,5 millones de valencianos y valencianas» y, por
tanto, «habrá un gran despliegue por parte de las policías locales, la
Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad Adscrita y Protección
Civil» para llevarlo a cabo.
En este sentido, la
responsable de Interior del Consell ha recordado también que todas estas
medidas que se han adoptado «pretenden salvar vidas», al tiempo que ha
agradecido a todos los ayuntamientos afectados «su implicación y la
labor que están realizando en ese llamamiento a la población a que quede
en casa». Por ello, ha añadido, «es necesaria la corresponsabilidad,
dada la situación que estamos viviendo, porque solo desde esa mirada
seremos capaces de salir adelante».
Bravo también ha
detallado que el despliegue policial se llevará a cabo en los accesos a
las 16 ciudades perimetradas, en sus estaciones de trenes y autobuses,
sus lugares de ocio, en las playas y los centros comerciales, así como
en zonas de gran afluencia de público. Además, la consellera ha
recordado que sigue en vigor el Decreto-Ley del 25 de julio sobre el
régimen sancionador del incumplimiento de las medidas contra la
COVID-19, así como lo establecido por la Ley de Seguridad Ciudadana para
denunciar y sancionar los comportamientos incívicos e insolidarios de
quienes no respeten las medidas adoptadas para frenar la curva de
contagios.
En este sentido, la consellera también ha
apelado a la comprensión de la ciudadanía ante las molestias y, sobre
todo, las retenciones que pueden producirse debido a los controles, y ha
insistido en que la mejor opción sigue siendo «quedarse en casa».
No
obstante, Gabriela Bravo ha recordado que, pese a la capacidad
sancionadora de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado que se desplegarán este fin de semana, se primará la «información
y la pedagogía».
