La Diputación de Alicante incluirá criterios que favorezcan una
contratación pública socialmente más responsable, dedicando para
ello al menos un 7% de sus procedimientos de adjudicación de
determinados contratos o lotes a Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social y a empresas de inserción.
La Comisión de Contratación ha aprobado esta semana esta iniciativa con la que
se favorecerá la empleabilidad de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, tal y como ha destacado el diputado responsable del área,
Juan de Dios Navarro, quien ha señalado que desde la institución
alicantina se ha superado en 3 puntos el porcentaje de reserva anual que
la Ley de Contratos del Sector Público recomienda, ya que lo establece
en un 4%.
«Llevamos
trabajando ya varios meses en esta iniciativa, manteniendo reuniones
con las distintas asociaciones y colectivos de este sector para poner en
marcha una medida que ayude a
la inserción laboral de personas que sufren discapacidad o están en
riesgo de exclusión«, ha indicado Navarro.
La provincia de Alicante cuenta actualmente con
dos empresas de inserción social y 26 centros especiales de empleo, que se podrán ver especialmente beneficiadas de la reserva de los derechos de participación.
En
este sentido, el diputado ha resaltado que otra de las ventajas de la
contratación responsable, más allá del aspecto social, es que «normalmente
las empresas que concurren son del ámbito
geográfico más próximo a la administración contratante, permitiendo en
este caso un mayor impacto del contrato público en las localidades de
nuestra provincia«.
Aunque
la Ley reconoce a cada administración pública la potestad para
establecer libremente el tipo de contratos y las cantidades sobre las
que se fija la reserva, recomienda que se centren principalmente
en servicios de limpieza, lavandería, catering, transporte, imprenta,
servicios administrativos o reparación y mantenimiento, entre otros.
