El
equipo de gobierno Verde va perdiendo credibilidad y confianza en
muchas áreas municipales. Por eso necesita ganar tiempo como sea. Si
recurrimos al símil futbolístico, en el asunto de la tramitación
de las ayudas y becas deportivas el edil responsable intenta que le
piten a favor un penalti injusto en el minuto 90 para salir
victorioso. A través de simulaciones, quiere colarles un gol a los
clubes de Villena achacando la culpa al árbitro, es decir, al
departamento de Intervención.
Pero
no todo vale para pretender enmendar graves errores políticos
cometidos en esta convocatoria. Además de las reuniones frustradas
de la Fundación Deportiva Municipal por la ausencia de documentación
técnica relevante o la ampliación arbitraria del plazo para
consignar los justificantes de gastos de las asociaciones deportivas
mediante decretos de Alcaldía de cuestionable validez jurídica,
existe una manifiesta falta de criterio en la redacción de las bases
y una clara incapacidad para su correcta aplicación.
Hace
dos semanas tuvimos conocimiento de la propuesta de resolución
presentada por Luis Pardo, concejal de Deportes, respecto a las
subvenciones del año 2018 destinadas a las entidades deportivas. En
el turno de ruegos y preguntas del Pleno celebrado el jueves 25 de
octubre, Fulgencio Cerdán preguntó al edil del área por qué en
ese borrador algunos clubes con mayor implantación y con muchos más
socios habían obtenido una valoración similar a otros mucho más
pequeños. La respuesta de Luis Pardo fue que se había desconvocado
la reunión de la Fundación Deportiva por falta de informes técnicos
y que, según fueran las recomendaciones de esos informes, se
revisaría la propuesta inicial para concluir si era o no la
definitiva.
Si
repasamos las bases de años anteriores, la puntuación por número
de deportistas federados se mantiene este año como casi el único
criterio de baremación. De los 160 puntos posibles, 150 tienen que
ver con el número de federados por club, distinguiendo entre mayores
y menores de 18 años. Los 10 puntos restantes se asignan atendiendo
a unas variables de igualdad.
En
anteriores ediciones, además de baremar el número de deportistas
inscritos en cada club, se tenían en cuenta los costes federativos y
de material de cada entidad. Estos criterios se ajustaban más a los
gastos reales de funcionamiento de los clubes, repercutiéndose al
montante de las ayudas otorgadas por el ayuntamiento.
Desde
el Grupo Municipal Socialista entendemos que, si el número de
licencias es casi el único criterio a valorar ahora, las horquillas
de concesión de puntos se tienen que reducir. De otro modo, por
ejemplo, un club con 5 licencias de federados menores de 18 años
obtiene 30 puntos y otro que tenga 99 licencias consigue 35 puntos. Y
para lograr 60 puntos se necesitan al menos 301 licencias de
deportistas menores de 18 años.
Mantener
estas horquillas de puntos tenía sentido cuando la baremación
global no se hacía dependiendo solo del factor del número de
licencias. Si se piensa mantener este criterio como el principal y
casi único, habrá que establecer otras escalas de puntos. De lo
contrario, pensamos desde el Partido Socialista que se seguirá
repitiendo en los próximos ejercicios una situación no deseable,
pues se premia por igual tener 5 licencias que 50. Algo que no es
equitativo ni justo.
Por
otra parte, las subvenciones se establecen a partir de criterios
políticos que, evidentemente, deben ajustarse a una razonable
objetividad y a la legalidad. Así pues, no son los técnicos quienes
los fijan, sino los políticos. No sirve de excusa argumentar, como
hace el edil de Deportes, “que el
departamento de Intervención tiene que recapacitar». Los
técnicos solo valoran y aplican una baremación para adjudicar las
subvenciones conforme a unas bases propuestas por el concejal. De
manera que es Luis Pardo el único responsable del despropósito que
están sufriendo los clubes de nuestra ciudad.
Por
último, respecto a cualquier posible modificación de las bases
vigentes que regulan la solicitud y concesión de ayudas deportivas,
el ayuntamiento deberá actuar con suma diligencia. Cualquier
decisión que se considere arbitraria o improcedente puede derivar en
la interposición de un recurso de parte, con la consiguiente
paralización procedimental y la dilatación del cobro de las
subvenciones por las entidades beneficiarias. Esto no es crear
alarmismo. Es simplemente informar a la ciudadanía de las
consecuencias de una nefasta gestión del equipo de gobierno Verde.
