Las prendas retiradas del mercado que estaban dispuestas para la venta y distribución, se encuentran valoradas en 21.348 euros
La Guardia Civil de Alicante, junto con la Policía Local de Crevillente, ha intervenido un total de 1.779 prendas infantiles falsificadas, que se encontraban dispuestas para su venta al público y distribución, desde un establecimiento localizado en uno de los polígonos industriales de Crevillente. Al responsable del almacén se le ha imputado un delito contra la propiedad industrial.
Las investigaciones comenzaron a principios del mes de junio, cuando la Guardia Civil recibió la comunicación de una instancia presentada en el Ayuntamiento de Crevillente por los representantes de una marca de ropa, informando de un supuesto delito contra la propiedad industrial. Estos hechos se estarían llevando a cabo desde un almacén ubicado en una zona empresarial de la misma localidad y dedicado a la venta al por mayor.
El día 14 de junio, agentes de la Guardia Civil de forma coordinada con la Policía Local de Crevillente, se personaron en este almacén con la finalidad de realizar una inspección que aclarase los hechos investigados.
En el lugar, los agentes han intervenido 1.779 prendas de ropa infantil, encontrándose algunas expuestas en la entrada principal y el resto en cajas preparadas para su distribución, conllevando a la marca perjudicada una pérdida económica de 21.384 euros.
Por estos hechos, al responsable del establecimiento, un hombre de nacionalidad china y 47 años de edad, se le ha imputado un delito contra la propiedad industrial.
Así mismo, realizadas las debidas comprobaciones administrativas, se ha abierto un expediente sancionador por infracción a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por carecer de un gestor de residuos habilitado en el comercio, que será remitido a la Subdelegación de Gobierno en Alicante.
Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Elche, que es el órgano judicial que lleva la causa.
La Guardia Civil recuerda el riesgo que conlleva la compra de este tipo de productos para la salud y la seguridad del usuario, ya que no pasan los debidos controles de calidad. Además, no hay que olvidar las consecuencias negativas que genera sobre la economía, el empleo y la innovación.
