El presidente
de la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa
(Facpyme), Carlos Baño, ha lamentado el nuevo retraso en la reforma del modelo
de financiación autonómica y ha reclamado al Gobierno de España “celeridad en
la elaboración del nuevo marco y concreción en los plazos. Necesitamos una
fecha y que no se demore más”.
Carlos Baño
ha señalado que la elaboración de un modelo de financiación que corrija la
discriminación que sufre la Comunidad Valenciana “es una necesidad de justicia
social. Estamos hablando de tener las mismas oportunidades que el resto de
territorios, ni más ni menos, porque estamos hablando de más y mejores
servicios para la ciudadanía, en materia de sanidad, de educación, en el ámbito
social, y de crear las condiciones para crecer y ser más competitivos y eso al
final redunda en un beneficio para la sociedad”.
El presidente
de Facpyme ha asegurado que desde el sector del comercio de la provincia de
Alicante “nos sumamos a la reivindicación del Presidente de la Diputación de
Alicante, Carlos Mazón, de un marco de ingresos justo para nuestra tierra.
Compartimos esa misma preocupación y la voluntad para reclamar una solución
inaplazable que permita acabar con la infrafinanciación que sufrimos”.
Carlos Baño ha
subrayado que en la provincia de Alicante y en el conjunto de la Comunidad
Valenciana “existe un amplio consenso entre la sociedad civil, las fuerzas
políticas y las instituciones acerca de la necesidad urgente de cambiar el
modelo. Los estudios elaborados por expertos inciden en los desequilibrios del
sistema actual y en que perjudica de manera especial a los valencianos. El
propio presidente del Gobierno se comprometió a ello en su investidura, pero
ese momento sigue sin llegar, y necesitamos que nuestros gobernantes pasen de
los titulares a los hechos”.
“Estamos en
un momento muy delicado, con una crisis que puede ser más profunda si no
reaccionamos a tiempo. Es evidente que hacen falta medidas inmediatas, pero no
habrá una recuperación real y sólida si no se adoptan medidas estructurales y
la primera debe ser la revisión del sistema de financiación”, ha añadido.
“Existe un
agravio histórico que nadie cuestiona, que ha generado un nivel de endeudamiento
que en las circunstancias actuales cobra una especial dimensión, porque
disponer de recursos suficientes para financiar los servicios que demandan los
ciudadanos es una cuestión de justicia que ahora, además, se convierte en una
cuestión de necesidad. No podemos permitir que se siga castigando a la
Comunidad Valenciana”, ha finalizado.