Somos
la segunda comunidad autónoma que menos recursos recibe del Estado,
sin embargo somos de las que más aportan a las arcas centrales.
La
infrafinanciación que sufrimos los valencianos y las valencianas es
un problema de prioridades políticas. Y es que las políticas de
recortes, el modelo productivo y las reformas de las administraciones
locales impulsadas acometidas por los dos partidos que han gobernado
España propician una situación de discriminación con el resto de
comunidades.
Esta
falta estructural de financiación se traduce en servicios públicos
que no reciben los suficientes recursos y dotaciones, y en falta de
inversiones en nuestro territorio. Esta situación supone que seamos
una de las comunidades que más paga, a pesar de nuestra tendencia de
pérdida de renta y de crecimiento de la pobreza.
Ante
tan grave discriminación solo cabe ser coherentes. Lo que se
defiende a nivel municipal y autonómico debe mantener a nivel
estatal. De nada nos sirve aprobar mociones e interpelar a gobiernos
si vuelve a gobernar el Partido Popular. La solución solo puede
venir por el establecimiento de un gobierno alternativo, una reforma
del sistema de financiación y un modelo federal de Estado. Pero
además, se necesita una reforma fiscal progresiva, que ahonde en una
redistribución de la riqueza y en la justicia social.
