Durante
las Fiestas Mayores hemos realizado visitas a 11 barrios y sus
correspondientes asociaciones de vecinos.
Las
diferentes asociaciones nos plantearon los problemas que aquejan sus
barrios. Las principales demandas fueron la falta de mantenimiento,
que ya hemos denunciado en otras ocasiones, la enorme cantidad de
trabas burocráticas que han encontrado para realizar sus
actividades, y por último, la parálisis de los órganos de
participación.
Con
respecto a las condiciones de mantenimiento de los barrios, ya hemos
denunciado en multitud de ocasiones diferentes problemas que presenta
Elda en general, dejando una imagen de ciudad de la que se distinguen
dos realidades de mantenimiento e inversión. En cuanto a las
dificultades por cuestiones administrativas, cabe destacar que la
administración electrónica está suponiendo un hándicap para las
AAVV porque muchas no disponen de medios, ni formación para poner en
marcha su certificado digital. Por lo que creemos que el Ayuntamiento
debería poner a disposición de estos colectivos herramientas y
personal que facilitasen su labor social. Otra de las soluciones que
debería aportar el Ayuntamiento es la contratación de un seguro
para las actividades que organizan asociaciones y colectivos de la
ciudad.
Por
último, cabe hacer hincapié en la problemática de la participación
ciudadana y sus órganos. Nuevamente, no vemos obligados a denunciar
que se está incumpliendo el Estatuto de Participación Ciudadana,
pues tanto los Consejos de Barrio, como el Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de Elda llevan sin convocarse desde el 6 de
marzo de 2017. Cuando la periodicidad máxima entre cada convocatoria
debe ser de tres meses.
El
Concejal de Participación expuso en los últimos Consejos de Barrio
que estos órganos iban a convertirse en un espacio de debate sobre
política municipal, otra promesa incumplida más. La deriva en
participación de este gobierno es continuar por la senda más
autoritaria y paternalista. Eliminados, en la práctica, los órganos
de participación, los colectivos vecinales pierden la posibilidad de
hacer propuestas y crítica política. Viéndose, así, obligados a
una relación unilateral y arbitraria con el Concejal, sin ningún
tipo de acta que refleje lo acordado y reducida a la solicitud de
ayuda para la organización de actividades en los barrios.
Este
gobierno debe replantearse su política de participación, cumpliendo
sus promesas y acuerdos, como el Concejal 26 o los presupuestos
participativos, cumpliendo la normativa y convocando los órganos
para transformarlos en un espacio de profundización democrática.