El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una actuación de oficio por el incumplimiento generalizado de los plazos legales para emitir la resolución del grado de discapacidad. Las quejas presentadas por la ciudadanía ante el Síndic sobre esta cuestión se han triplicado, pasando de 60 quejas durante el año 2017 a 192 quejas durante el 2018, razón por la cual el defensor ha decidido iniciar esta investigación.
De los expedientes de queja tramitados por el Síndic se desprende que, en algunos centros de valoración, las demoras llegan a superar los dieciséis meses, cuando se trata de un procedimiento considerado de emergencia ciudadana y su resolución no debería tardar más de tres.
La propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoce estos retrasos en la resolución de expedientes, tanto en valoración inicial como de revisión de grado de discapacidad. Así lo recogen los informes remitidos por este departamento al Síndic durante la tramitación de las quejas en este último año. Unos retrasos que la administración achaca al elevado número de solicitudes recibidas en relación con los medios existentes en los distintos centros de valoración.
La respuesta no termina de satisfacer al defensor, quien considera que se están provocando graves perjuicios a las personas con discapacidad que ven demorado el reconocimiento de sus derechos y el acceso a determinadas prestaciones. Además, algunas de estas ayudas y beneficios (por ejemplo para acceder al empleo público o a la Universidad, deducciones fiscales, etc.) no tienen prevista su aplicación retroactiva, lo que obligaría a los afectados a iniciar trámites más complejos.
Asimismo, diversos colectivos de profesionales de la Conselleria de Sanidad han mostrado su preocupación ante el Síndic por falta de coordinación entre estos y los profesionales de los centros de valoración y orientación de la discapacidad de la Conselleria de Igualdad.
Por todo ello, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para solicitar información pormenorizado y conocer el número exacto de solicitudes de valoración que tuvieron entrada durante los tres últimos años (2016-2018), de solicitudes resueltas y pendientes de resolver durante ese periodo, así como el número de centros de valoración de discapacidad existentes en la Comunitat Valenciana y de profesionales que conforman los equipos de valoración en cada uno de los centros.
