El Defensor del Pueblo ha entregado su memoria anual al presidente de les Corts Valencianas. Un informe demoledor acerca de las políticas realizadas por el Consell en materia de Igualdad e inclusión. Los que vinieron a salvar a las personas, han recibido una de cada tres quejas relacionadas con la mala gestión en educación.
El Defensor del Pueblo valenciano muestra su preocupación por reclamaciones que tienen que ver con atención deficitaria a menores con necesidades educativas especiales, por falta de aulas o profesionales de audición y lenguaje, o con los problemas de higiene en aulas de tres años. Otras tienen que ver con la supresión de aulas de Bachillerato y el «decretazo del plurilingüismo».
Se han tramitado un total de 17.544 expedientes de queja, 17.505 directamente de la ciudadanía y 39 iniciadas de oficio por el organismo. Un 59% se refieren a mala gestión en educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, infancia y vivienda.
Por si fuera poco, la consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, regentada por Mónica Oltra, líder de Compromís y partido afín, junto a Podemos, de Verdes de Villena, le han remitido un total de 133 quejas, que han caído en saco roto o se ha dado un plazo superior a los cuatro meses en su respuesta. Eso lleva a más de 200, las comunicaciones del Síndic, sin respuesta sobre Igualdad y Políticas Inclusivas.
Y es que no es lo mismo predicar que dar trigo. No vale simplemente con lucir camisetas, salir en la foto o hacer promesas imposibles. Para gobernar se necesita trabajar por y para la ciudadanía.
