Cuando
se gobierna a base del desorden y de la improvisación, suele suceder
que las cosas no salen como debieran o que directamente no salen
porque en el camino se topan con algún obstáculo no previsto. Esto
es lo que a lo largo de estos cuatro años de gobierno verde en
solitario está sucediéndole a nuestra ciudad, que multitud de
proyectos no salen adelante por plena incapacidad de desarrollo y que
otros tantos menesteres de nuestro día a día se han ido viendo
afectados por esta forma de desgobierno.
Y
cuando esto sucede de forma generalizada, es normal que la enfadada
ciudadanía apunte como responsables a aquellos que democráticamente
eligieron para gobernar nuestra ciudad, lo que ya no es tan normal es
que éstos, cuando se ven señalados por aquellos que le depositaron
su confianza, hagan nula autocrítica y desvíen la atención
sistemáticamente hacia otro “enemigo”, presunto responsable de
nuestras desdichas.
Con
Montoro ya depuesto como ministro gracias
a la moción de censura del PSOE y
con las modificaciones del gobierno de Pedro Sánchez a la llamada
“ley Montoro” que ahora daban más manga ancha con el gasto a
aquellos ayuntamientos que contaban con superávit en sus arcas,
nuestro alcalde necesitaba de un nuevo enemigo al que culpar de todo
para que no se vieran las vergüenzas del gobierno verde. Y entonces
llegó la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
Cabe
aclarar que dicha ley, que modifica los procedimientos a la hora de
adjudicar contratos o dar subvenciones, data del 8 de noviembre del
pasado año y que entró en vigor en marzo de 2018, pero parece
ser que todo ese tiempo no ha sido suficiente para
que el señor Esquembre adaptara la administración local al nuevo
proceso que marca la actual ley.
Y
debido a esta no adaptación a las nuevas reglas de juego, los
retrasos en pagos y trabas administrativas han ido produciéndose de
forma sistemática, generando el malestar de entes como asociaciones
y clubes deportivos que han visto como sus asignaciones han ido
viéndose afectadas por esta disfunción o que directamente se ha
perdido en el camino.
En
el partido socialista nos sorprende como ante este malestar por parte
de las asociaciones, el alcalde no ha hecho sino echar balones fuera
y culpabilizar a éstas de los problemas que han ido sufriendo, no
temiendo el salir en ruedas de prensa a señalar directamente a
asociaciones contradiciendo incluso las versiones emitidas en
comunicados, como fue el caso de los belenistas.
Tampoco
entendemos cómo puede ser que esta ley al ayuntamiento de Villena le
suponga el mayor de los escollos mientras que en el resto de
poblaciones, se sigue funcionando con normalidad y se han adaptado a
los nuevos procedimientos administrativos sin mayor problema.
Por
todo ello, desde el partido socialista instamos
a nuestro alcalde a que deje de poner excusas,
de escudarse en la legislación y de culpar a todos de los fallos que
él y su equipo cometen y
proponemos que se ponga al personal del ayuntamiento al servicio de
asociaciones y colectivos de manera eficaz para facilitar esa
tramitación burocrática que
tan enrevesada puede llegar a resultar para aquellas personas que
comandan agrupaciones, pues no hay que olvidar que en muchos casos
este tipo de trámites recaen sobre gente que realiza su labor de
forma altruista y que, con estas actitudes, ven como se les termina
culpando personalmente
de no recibir sus asignaciones, quedando como responsables a ojos de
sus socios y socias…
Pedimos
a Francisco Javier Esquembre que recapacite, haga autocrítica,
trabaje mejor por la ciudadanía y entienda que atenerse a la ley no
quiere decir ponerla como excusa para tapar la falta de trabajo
eficaz.
De
lo contrario, si
quiere buscar al enemigo culpable de las desdichas de nuestra ciudad
no
tendrá que ir muy lejos, pues
le bastará con mirarse al espejo.
