La Fiscalía Anticorrupción cree que el ex presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP) también intermedió a favor del empresario Ángel Fenoll en la contrata de basuras del área de Villena.
En su escrito de acusación por la rama del caso Brugal referida a la contrata para desarrollar el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, el Ministerio Público cita varias actuaciones de Ripoll, para el que reclama 16 años de prisión y 44 inhabilitación, encaminadas a beneficiar a este industrial oriolano.
Así, explica que Fenoll reclamó a través de un intermediario, el también empresario acusado Rafael Gregory, algunas compensaciones a cambio de rescatar una televisión local de Alicante, Canal 37, cuyo accionariado había adquirido a través de un testaferro a instancias del propio dirigente del PP.
El dueño de Colsur y Proambiente pretendía, por ejemplo, cobrar facturas atrasadas por la recogida de residuos en diversos pueblos del sur de la provincia, pero también pidió acceder a «vender camiones en Villena».
En enero de 2010, la entonces alcaldesa de esa localidad, Celia Lledó (PP), llevó al consistorio una propuesta urgente para licitar la planta de residuos del municipio y tratar de que el servicio pasase a depender del Consorcio del Plan Zonal de Residuos XIII, adscrito a la Diputación, en lugar de a la empresa pública de la Generalitat Vaersa.
«Este asunto es del que Fenoll pedía los favores y auxilio de Ripoll», precisa el fiscal, quien relaciona la actuación del entonces presidente de la Diputación alicantina con su interés por que Fenoll culminara la compra de Canal 37, que el anterior manejaba como «un instrumento político».
La Fiscalía reclama en conjunto para los 13 acusados de esta rama del ‘caso Brugal’ penas que suman 132 años y 3 meses de prisión y 268 años de inhabilitación por cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Varios imputados más
Además de Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, para los que Anticorrupción solicita sendas penas de 17 años de cárcel, entre los procesados figuran Mónica Lorente, exalcaldesa del PP de Orihuela, y Antonio Amorós, ex portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación en la época investigada.
Para cada uno de estos políticos, el fiscal reclama penas que suman 4 años y 9 meses de cárcel como presuntos autores de cuatro delitos: revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.
De Amorós, la acusación pública señala que accedió a influir sobre los municipios de la Vega Baja gobernados por los socialistas y adscritos al consorcio de residuos de esa comarca para favorecer a Fenoll, y se reunió en diversas ocasiones con él a lo largo de 2007 para revelarle información reservada.
En cuanto a Lorente, refiere el fiscal que se adhirió al presunto amaño auspiciado por Ripoll pese a que el macrovertedero comarcal acabaría en Orihuela.
De ese modo, «también compensaría a Fenoll por los favores políticos, y de apoyo y financiación que éste había realizado a su favor en la campaña para las elecciones autonómicas y locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, fruto de las cuales ella había resultado elegida alcaldesa», precisa.
