El presidente de la Diputación de Alicante,
Carlos Mazón, ha anunciado esta mañana, durante la sesión
plenaria correspondiente al mes de febrero, la decisión del equipo de
Gobierno de la institución provincial de
aplazar la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat
en aras del diálogo y la búsqueda de acuerdo.
Con este fin,
se ha retirado del orden del día la propuesta de enmiendas de la Diputación, ya que, tal y como ha señalado Mazón, «queremos apurar todas las vías del diálogo, porque estoy convencido de que si hay voluntad, habrá acuerdo«.
En este sentido,
ha pedido comparecer en les Corts Valencianes, junto a los expertos, para exponer la postura de la institución y los informes jurídicos y técnicos que «de forma rigurosa» la respaldan, apelando entre otras cuestiones a la autonomía local. Además,
ha solicitado la convocatoria de la Comisión Bilateral entre la Diputación y la Generalitat para abordar esta cuestión «y buscar soluciones en ese foro de diálogo«. «Tiempo habrá –ha añadido-
para enmiendas en las Cortes Valenciana si esto falla y para tratar de evitar, cosa que no queremos, otras vías«.
El dirigente alicantino ha insistido en la
voluntad de consenso y ha recordado, al respecto, que desde la presidencia de la institución provincial «se han pactado hasta cuatro fondos o estrategias de inversión en esta legislatura«.
Rebaja del IAE
Por otra parte, durante el pleno telemático se ha aprobado, con el respaldo de los grupos Popular y Ciudadanos, la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas que permitirá reducirlo en más de un 50%,
pasando del 20,5% al 10%. El diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, ha explicado que esta medida impulsada por el equipo de Gobierno, de la que se beneficiarán más de
8.500 empresas de la provincia, «busca paliar, en la medida de lo posible, y como una acción más, los efectos económicos perniciosos de la Covid-19«. La rebaja, que tendrá efectos jurídicos desde el 1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente hasta
su cambio o derogación expresa, reducirá por este concepto los ingresos de la Diputación de 6,5 a 3,3 millones de euros.
Proceso de vacunación
Las vacunaciones contra la Covid-19
fuera del protocolo establecido por la Conselleria de Sanidad han
centrado, asimismo, gran parte del debate de la sesión en la que se han
presentado
cuatro mociones, una por cada grupo político.
Por
un lado, el Grupo Ciudadanos ha defendido una propuesta, que ha contado
con el apoyo de los Grupos Popular y Compromís, para garantizar la
máxima transparencia en este proceso y que exige la
dimisión o cese de los cargos vacunados de forma irregular. El Grupo Socialista se ha abstenido en la votación.
El portavoz de Cs y diputado de Infraestructuras,
Javier Gutiérrez, ha agradecido el respaldo conseguido para la
moción presentada por la formación por parte de PP y Compromís y ha
manifestado su rechazo a la abstención del PSOE. Ha explicado que el
texto refrendado «exige la dimisión o el cese inmediato
de los cargos públicos que se salten el plan de Sanidad, beneficiándose de su posición«. La propuesta incluye además la
investigación de todos los militantes con cargo electo que hayan recibido la vacuna y la
creación de comisiones de investigación en todas las instituciones con el fin de depurar responsabilidades.
«También el Gobierno de la Generalitat tiene una importante responsabilidad y en su gestión ha faltado transparencia«, ha señalado Gutiérrez, quien ha pedido «que se informe de los cargos
públicos que han recibido la vacuna, sin ningún tipo de sesgos, priorizando la salud por delante de los colores políticos«.
Por su parte, el portavoz de los populares,
Eduardo Dolón, ha recordado que la Conselleria de Sanidad ha
abierto una investigación sobre los cargos públicos que se vacunaron
presuntamente de forma irregular y ha pedido, en este sentido, «que se deje actuar a los responsables y no nos adelantemos
en las conclusiones porque es un asunto que sigue siendo objeto de investigación«.
No
obstante, ha apuntado que, dando cumplimiento a la petición de
Ciudadanos, el presidente firmó hace unos días el decreto de cese de las
competencias, de forma permanente, del diputado
Bernabé Cano, quien se ha ausentado por deseo expreso de la votación de los puntos que hacían referencia a su persona.
Dolón ha puesto en evidencia, asimismo, «el caos en el proceso de vacunación» por lo que, a través de una
moción firmada por el Grupo Popular, se ha pedido al president Ximo Puig que «depure responsabilidades en la Conselleria de Sanidad«. «Ha habido una nula gestión en el proceso de vacunación y un inexistente protocolo que articulara la
administración de las vacunas sobrantes, por lo que alguien debe dar explicaciones y asumir responsabilidades en el Consell«, ha indicado el también diputado de Presidencia.
La propuesta de los populares ha contado con el apoyo de Ciudadanos, formación que también ha respaldado las
mociones presentadas por Compromís y PSOE –rechazadas por el
Grupo Popular-, en las que han pedido la reprobación de Cano, su
renuncia al acta y la creación de una comisión de investigación sobre
los cargos políticos que han acudido al Centro de Salud
Mental Doctor Esquerdo y su vacunación.
En este sentido, y en el apartado de Ruegos y Preguntas, el diputado responsable de este centro,
Juan Bautista Roselló, ha dado explicaciones, ante las
acusaciones vertidas contra él, sobre el por qué recibió el pasado 12 de
enero, junto a los 200 usuarios y a los más de 395 trabajadores del
centro, la primera dosis de la vacuna. Tras explicar que
mantiene un trato directo y personal con el equipo médico y los
usuarios del Doctor Esquerdo, ha manifestado que fue Salud Pública quien
indicó que debía administrarse la vacuna a todo el personal del centro y
quien ratificó el listado en el que se incluyó
su nombre.
Por otra parte, Roselló ha informado de que ayer se administró la segunda dosis «a los 395 empleados del centro menos a mí porque minutos antes, el Gabinete de la Conselleria de Sanidad dio
instrucciones verbales para que se me excluyera«. «Se trata -ha indicado-
de una decisión política y no técnica, ya que Salud Pública en
Alicante era favorable a mi vacunación y el departamento de Recursos
Humanos de la Conselleria de Sanidad, tal y como se informó ayer,
archivó la investigación de mi primera vacunación. Sin
embargo, la consellera manifestó mi exclusión de la segunda dosis y lo
dejó al criterio del comité de Bioética, haciendo ver que ésta pudiera
ser irregular».
En este punto, ha reiterado que se trata de una decisión «discriminatoria por mi condición política y mi puesto de trabajo» y ha pedido a la consellera Ana Barceló una rectificación. «Si
no rectifica y mientras mi primera vacunación no esté completamente
investigada y aclarada, no aceptaré la segunda dosis y emprenderé
acciones legales por esta discriminación«, ha anunciado.
Otros asuntos
Durante el pleno se ha aprobado, además, una moción del Grupo Compromís, con el apoyo de Cs y PP, para que
el personal docente se considere prioritario en la segunda fase de vacunación contra la Covid, mientras que el diputado de la formación valencianista,
Gerard Fullana, no ha obtenido ningún apoyo en su propuesta para la creación de una empresa farmacéutica pública.
Por
otro lado, y también relacionado con la crisis sanitaria, el Grupo
Socialista ha solicitado que se incluya en la convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos para prestaciones sociales por
la pandemia, la posibilidad de que los mismos destinen fondos a
terapias de recuperación de vecinos y vecinas con síndrome
post-Covid-19. La propuesta defendida por la diputada socialista
Carolina Gracia ha salido adelante con el apoyo de Compromís y la abstención de los grupos del equipo de Gobierno.
Finalmente, el Grupo Popular y Ciudadanos han defendido una moción para
instar al Gobierno de España a reducir la subida del precio de la electricidad
a las familias y consumidores vulnerables. El portavoz del equipo de Gobierno,
Adrián Ballester, ha explicado que se piden, entre otras medidas,
fijar ayudas económicas directas, acabar con la doble imposición
establecidas en las facturas de la luz y el gas natural, fijar un tipo
de IVA reducido (10%) y rebajar el tipo de gravamen
sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica del 7 al 0%. PSOE y
Compromís se han abstenido en este punto.
