El clan de ‘Los Antones’ se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo día 13 de diciembre. Esta conocida familia de Mula, supuestamente liderada por Antonio A.C., ‘Antón’, que da nombre al grupo, afronta penas que suman casi 40 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de drogas. Los doce procesados en esta causa ya fueron citados por el tribunal el pasado mes de abril por si estos realizaban un reconocimiento de los cargos que se les imputan que finalmente no se produjo.

La Policía Nacional llevó a cabo en 2012 la desarticulación de esta banda y de otra en la localidad alicantina de Villena, con la que supuestamente mantenía contactos. «Mula, cuna de la cocaína». Ese era el mensaje que aparecía en uno de los carteles desplegados por aquella fecha en las calles y con los que el vecindario dejaba clara su preocupación por el creciente movimiento de droga en el municipio. El pinchazo de los teléfonos de ‘Antón’ desencadenó un golpe policial en el que les fueron intervenidas varias cantidades de drogas y casi 220.000 euros.
Conversaciones cifradas
La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, señala a ‘Antón’ como el presunto cabecilla del clan que supuestamente se dedicaba a la venta de hachís y cocaína tanto en el municipio como a distribuidores medios del resto de la Región. Reclama que se le imponga una pena de seis años de prisión y una multa de 20.000 euros. El Ministerio Público sostiene que él era el encargado de contactar con los proveedores y de la venta de estas sustancias.

La Fiscalía solicita, además, cinco años de cárcel y multa de 10.000 euros para otros miembros de la familia, como la mujer del patriarca, Antonia M.; sus hijas, Dolores A. y Fuensanta A; y su yerno, José F., ‘El Tuerto’. Según explica en su escrito, todos ellos también se dedicaban supuestamente a la venta de la mercancía y utilizaban las mismas medidas de seguridad que también desplegaba el principal investigado.
El patriarca de la familia mantenía numerosas conversaciones con otro de los procesados, Rafael C., un vecino de Villena que supuestamente era su principal proveedor de drogas. En sus charlas, recalca el fiscal, utilizaban otras palabras para no alertar a la Policía en caso de que sus llamadas fuesen intervenidas: «Cachorros, muestras de ropa, chuletas que tiene que llevar…». Rafael C. afronta penas que suman siete años y medio de cárcel por presuntos delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El dinero, las joyas y los coches incautados en la operación deberán ser decomisados, recalca el fiscal, dado que provienen supuestamente del negocio.

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