El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Villena, Francisco Iniesta, compareció ayer para dar cuenta del recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas para los tres proyectos pertenecientes a Villasol, Atalaya PSF y Frutasol que el Ayuntamiento ha interpuesto.
“El pasado 11 de julio se realizó un pleno extraordinario en el que se aprobó la suspensión de la tramitación y la admisión a trámite de las licencias urbanísticas para la implantación de instalaciones de plantas fotovoltaicas mientras se lleva a cabo la modificación del PGOU, en este se regularán las áreas afectadas por esta suspensión que protegen nuestro entorno. La Generalitat ha dado el visto bueno a estas tres plantas por lo que hemos interpuesto un recurso de alzada”, ha comentado Francisco Iniesta, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente.
Tal y como ha resaltado el edil, en la modificación del PGOU que se está trabajando, se definirán las áreas con alta y muy alta capacidad agrológica, se tendrán en cuenta los elementos de alto valor de relevancia local y los usos residenciales considerando los Bienes de Interés Cultural y Bienes de Relevancia Local, los incluidos en el “Catálogo de elementos, edificios y conjuntos de interés histórico-artístico” del Término Municipal de Villena y los yacimientos arqueológicos.
Además, el suelo no urbanizable de especial protección, suelo de especial protección paisajística y los usos residenciales (incluyendo las agrupaciones de más de 10 viviendas que no disten más de 200 metros entre ellas, definición según Instituto Nacional de Estadística).
“Estamos a favor de las energías renovables y apostamos por ellas, pero también tenemos que proteger nuestro territorio y por eso desde este Ayuntamiento marcamos y marcaremos líneas estratégicas para conjugar ambas cosas. Está en marcha un nuevo decreto a nivel regional, en periodo de alegaciones actualmente, que modificaría estas líneas, tendremos que esperar y seguir trabajando”, ha comentado Francisco Iniesta.
Respecto al nuevo decreto de Conselleria, Iniesta ha destacado las principales novedades entre las que destaca que se limita al conjunto de las plantas el 10% el porcentaje de ocupación máxima de suelo no urbanizable de cada municipio que puede utilizarse para la implantación de instalaciones fotovoltaicas “cuando en el Ayuntamiento tenemos la cifra establecida en un 3%”, ha comentado el concejal.
También marca que será la Conselleria la que decidirá el lugar definitivo de implantación de estas plantas y prohíbe a los ayuntamientos adoptar la suspensión general de tramitación de licencias para las instalaciones fotovoltaicas. Además, elimina la obligatoriedad de acreditar la disposición efectiva de recursos económicos y financieros.
