El Partido Popular pretende recurrir al
Tribunal Constitucional la Ley 24/2015 del 29 de julio, de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de vivienda y
pobreza energética, aprobada por el Parlamento de Cataluña.
El PP ha demostrado en reiteradas
ocasiones que su objetivo es proteger los intereses de la banca y de
las grandes empresas del oligopolio energético por encima de los
derechos fundamentales de la población.
Existe una situación generalizada de
emergencia social, la desigualdad, el riesgo de exclusión y la
pobreza energética, crecen a pasos agigantados. Los procedimientos
de ejecución hipotecaria en muchos casos, no sólo conllevan a la
pérdida de la vivienda, sino a la adquisición de una deuda
exorbitante. Por otra parte, desde 2008, los suministros básicos,
han subido alrededor de un 60%. Las entidades financieras más
grandes del Estado Español, cerraron el 2013 con beneficios de más
de 7.500 millones de euros, así como las empresas de suministro
energético, que ingresan el doble que las industrias europeas.
La
Ley 24/1015, fruto de la iniciativa legislativa popular, promovida
por la PAH, la APE y el observatorio DESC:
– Garantiza el realojo y el acceso a suministros básicos, a las
familias en riesgo de exclusión residencial
– Obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social a las familias.
– Dota a los ayuntamientos de mecanismos para hacer uso de los pisos
vacíos de la banca.
– Obliga al aumento del parque público de vivienda.
Las medidas del PP no han tenido ningún
impacto positivo sobre la situación de emergencia habitacional,
tanto la Ley 1/2013 como el código de buenas prácticas o el Fondo
Social de Vivienda, han dado resultados irrisorios. A la falsa
moratoria de desahucios no se han podido acoger ni un 8% de los más
de 120.000 que se han producido durante su vigencia y crece el número
de viviendas vacías. Es además, una cuestión de vidas, cada vez
más suicidios están relacionados con la situación social de
desprotección, mientras que, desde que empezó la crisis, unos
165.000 millones de euros han sido transferidos a las entidades
bancarias.
Es por ello que la PAH lleva a cabo ésta
campaña, para decirle al PP que la ley es útil y eficaz, y
exigimos que detenga la suspensión en el Tribunal
Constitucional.
