Hemos pedido al juez que paralice de forma cautelar el cambio de las plantillas, debido que se hizo claramente como represalia por la huelga.
El jueves 23 de mayo toda la educación pública del País Valencià estaba llamada a la huelga. Desde nuestro sindicato, el Consejo Sindical Obrero – CSO, llamamos a secundar la huelga con una actitud crítica, por la forma en la que se había convocado (https://www.consejosindical.es/per-a-quan-una-vaga-ben-organitzada/). La huelga fue un éxito, con cerca de un 25% de las personas que podrían hacer huelga no asistiendo a su puesto de trabajo: los datos de la Conselleria reconocían un 21,5% del total y aproximadamente un 20% eran servicios mínimos (en un colegio de una línea, unos 25 profesores/as, había 5 personas de servicios mínimos). Hasta aquí todo dentro de la normalidad.
Lo extraño fue que al día siguiente de la huelga la Conselleria se desmarcó con la denuncia de los dos acuerdos de plantillas. Con un argumentario público (diciendo que era porque se acordaron con un gobierno en funciones) y otro jurídico (que el acuerdo no tiene duración temporal y, según la ley, si no se acuerda duración, esta es de un año). El primer argumento es cierto, no se debería haber hecho, pero han tardado mucho en darse cuenta y, después de haber dejado pasar un año, no tiene validez jurídica. El segundo argumento es falso: el acuerdo no indica de forma explícita la duración del acuerdo, pero en todo su articulado se indica claramente algunos artículos aplicables en el curso 2023-24 y otros para el 2024-25, por lo que la validez era para estos dos cursos. Pero, lo que es más importante, la Conselleria no había dado ninguna señal de denuncia del acuerdo, ni siquiera había iniciado una negociación nueva de plantillas, cosa que podría haber intentado, incluso si la duración temporal de los acuerdos fuera de un año habría podido esperar hasta el día 5 de julio para denunciarlo, pero la Conselleria lo hizo, por sorpresa para todas las partes, justo el día siguiente de la huelga, para dejar clara su intención.
Desde CSO hemos presentado un contencioso administrativo por la via de protección de derechos fundamentales por el derecho de indemnidad: no se puede emprender represalias contra un colectivo que defiende sus derechos con las herramientas que nos da el estado, sean protestas, juicios o huelgas.
Además, el momento para la denuncia está muy lejos de ser el idóneo, con los equipos directivos planificando el curso que viene, con el profesorado decidiendo qué asignaturas impartir el curso que viene, en plena preparación de horarios. Por si fuera poco, este intento de represaliar una huelga lícita de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública deja al sistema educativo al borde del precipicio. Al denunciarse los dos acuerdos de aplicación, se pasaría a estar sujetos a las órdenes de plantillas antiguas (Orden 12/2013 para primaria y Orden 69/2015 para secundaria FP), dos órdenes pensadas para las leyes antiguas de educación. La nueva Ley Orgánica 3/2020, la LOMLOE, y la nueva Ley Orgánica 3/2022 de la FP han modificado todo el sistema educativo y las plantillas de las órdenes anteriores no sirven para estas nuevas leyes. Por este motivo, junto a los anteriores, desde CSO hemos pedido al juzgado que aplique medidas cautelares de paralización de la denuncia del acuerdo, para poder realizar las plantillas este año con tiempo y poder planificar el curso que viene.
La administración nos vende ahora que tiene voluntad de negociar un nuevo acuerdo, pero es una falacia. Si hubiera querido negociar un nuevo acuerdo, lo habría intentado en el año que ha tenido desde que formó gobierno. Con la administración del Botànic se tardó años en conseguir un acuerdo, que firmaron todas las fuerzas sindicales, y ahora se quiere hacer ver que se va a conseguir en semanas. Sin embargo, lo hace represaliando al profesorado en huelga y forzando a una orden de plantillas que, sí o sí, representará una pérdida de profesorado.
