Compromís
celebra la apertura de la investigación sobre el conglomerado de
empresas afines al PP y que habrían propiciado un presunto fraude de
3,7 millones a través de las participaciones del Patronato de
Turismo Costa Blanca, organismo autónomo de la Diputación de
Alicante.
La
denuncia del grupo Compromìs en la Diputación al fiscal de
corrupción ahora hace un año ya se ha traducido en la abertura del
caso judicial por parte del juzgado 7 de la Audiencia Provincial y en
los primeros investigados. En el fondo de la cuestión se sitúan
contrataciones por valor de más de 3,7 millones de euros de la
Diputación de Alicante a un conglomerado de empresas conectadas
entre sí y afines al Partido Popular.
La
coalición recibió fuertes críticas por parte del PP y sus
portavoces cuando denunció ante Fiscalía unos hechos que no se
quisieron abordar colectivamente en la comisión de investigación
conformada para investigar las últimas tres legislaturas en las que
el PP gestionó la institución provincial.
El
actual gobierno de la Diputación del Partido Popular amenazó con
denunciar al grupo Compromís por la denuncia presentada. Asimismo,
el presidente de la comisión de investigación, Eduardo Dolón,
cerró de inmediato la comisión a pesar del aviso de Compromís.
Posteriormente se conoció que el propio Eduardo Dolón, actual
diputado de turismo en la Diputación y número 2 del PP provincial,
también contrató con empresas de la trama en su época como
alcalde de Torrevieja, con contrataciones millonarias y el mismo
modus operandi de contratación.
Al
presunto fraude de 3,7 millones de euros cabe sumar los de la causa
de Torrevieja así como la red de municipios gobernados por el
Partido Popular y que contrataban servicios puntuales con el
conglomerado de empresas y especialmente con la empresa matriz de la
trama: Equipamiento Stand Integral Para Stands Molinos S.L. Compromís
aportó un USB con la documentación sobre la extensión de la
contratación a esta red de municipios como complemento a los grandes
contratos de la diputación.
En
total, la contratación acreditada a estas empresas supera los 5
millones de euros. El modus operandi era similar al visto en casos
como el Fitur o Gurtel en Valencia. Compromís entiende que el caso
esconde un posible fraude en la contratación a través del
fraccionamiento, sobrecostes y falseamiento de la urgencia, entre
otros.
