Un
total de 15 ayuntamientos y una mancomunidad han participado en el
ciclo de formaciones sobre la inclusión de cláusulas ambientales,
sociales y éticas en los contratos públicos, organizadas estos
meses de enero y febrero por la Coordinadora Valenciana de ONGD
(CVONGD). En las formaciones han participado 92 personas, entre
responsables políticos municipales y funcionariado.
Las
formaciones -que han acogido los Ayuntamientos de Castellón de la
Plana, Morella, Onda, Elche, San Vicente del Rapeig y Elda, con el
apoyo de la Generalitat Valenciana- tienen como objetivo impulsar la
responsabilidad social en las contrataciones y compras municipales,
para que se tengan en cuenta criterios como el impacto ambiental, la
defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto a los
derechos humanos y a los derechos laborales de las personas que
producen los bienes y servicios contratados.
Además
de personal de los consistorios que han acogido las formaciones, han
participado, en la provincia de Castellón, los ayuntamientos de
Almassora, Betxí, Nules, La Vall d’Uixó, Vila-Real y Xilxes, y la
Mancomunitat de Els Ports. Por su parte, en la provincia de Alicante
han asistido, representantes de los ayuntamientos de Crevillente,
Guardamar del Segura y Alicante.
Marco
legal más claro
Las
formaciones han sido impartidas por David Comet, uno de los
principales expertos en la materia a nivel estatal, y en ellas se han
abordado cambios legislativos claves en la materia, como la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, que entra en vigor este mes de
marzo, y la Ley de la Generalitat de Fomento de la Responabilidad
Social, que se está tramitando en Les Corts.
“Las
Administraciones Públicas van a contar a partir de ahora con un
marco legal más claro y seguro, que permitirá mejorar el impacto
ambiental, social y ético de los contratos y compras públicas. Se
trata de hacer políticas coherentes que contribuyan de verdad a
proteger los derechos de las personas, y la herramienta más poderosa
que tienen las Administraciones en este sentido son sus
contrataciones, que suponen en torno al 19% de nuestro PIB”,
explica Cristina Ramón, portavoz de la CVONGD.
En
gran parte de los municipios participantes ya se han impulsado en los
últimos años -en algunos casos con dificultades legales- contratos
en los que se incluían cláusulas sociales, en especial referentes a
la inserción laboral de personas en riesgo de inclusión, y también
contratos en los que se incorporaban productos de comercio justo que
garantizan el respeto a los derechos de las personas productoras en
países en desarrollo.
También
se han impulsado en ayuntamientos como los de Castellón, Elda, y San
Vicente del Raspeig, instrucciones para la inclusión de cláusulas
sociales en la contratación municipal. En el caso de Elche, el
consistorio está elaborando un Manual de Responsabilidad Social en
la contratación Pública, con ayuda de la Universidad Miguel
Hernández.
Sin
embargo, los municipios participantes coincidieron en que queda mucho
por hacer. Por eso, dentro del programa “Municipis, cooperació y
solidaritat”, la Coordinadora Valenciana de ONGD trabajará en los
próximos meses en asesoría y formación adicional a los
Ayuntamientos que han asistido a estas jornadas, para seguir
impulsando en ellos la contratación pública ética y el comercio
justo. El programa está abierto a otros Ayuntamientos interesados.
