«Tienen buenas palabras pero queremos actos, vemos que hay gente que nos sonríe, algunos nos dicen que, de corazón, lo entienden, pero después que es competencia de no sé dónde… Las buenas voluntades se traducen en hechos». Así resumía ayer el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia, José Luis González, los motivos por los que los integrantes de todas las plataformas autonómicas se manifestaron ayer a las puertas de Les Corts.
En concreto, González se refirió a las promesas del Consell de paralizar los desahucios y «rescatar personas», como establece el Pacto del Botánico («tomar los acuerdos necesarios para evitar que se desahucien personas sin alternativa de vivienda», según reza); unas promesas que debían desarrollarse en la futura Ley para la Función Social de la Vivienda. Sin embargo, como apuntó, la lista de medidas que incluye el anteproyecto de la citada norma «se ha quedado cortísima», pese a que urgencia de la problemática. A este respecto, González advirtió que cuando finalice la suspensión de desahucios de viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables decretada por el Gobierno central hasta el próximo mes de mayo, «tendremos a 20.000 familias en toda España que van a ser expulsadas de sus casas». Por su parte, José Vera, de la PAH de Camp de Turia, «no se están garantizando los realojamientos de las familias desahuciadas», por lo que el Pacto del Botánico «no se está cumpliendo».
En relación a la nueva normativa, el portavoz de la PAH de Valencia recordó que todas las plataformas de la Comunitat «han estado trabajando y colaborando con la conselleria para paralizar los desahucios», pero finalmente no ha sido posible. Además, «pedimos a la conselleria que hiciera esta ley, pero ha presentado una norma que no cumple los mínimos que queremos, por lo que hemos presentado 64 enmiendas, propuestas que la Generalitat tiene desde hace más de tres meses».
Pese a no incluir las propuestas de las plataformas, en el pacto que Compromís pretendía alcanzar con el PSOE para evitar la segunda convocatoria de elecciones generales, bautizado como Acuerdo del Prado, también insistía en adoptar medidas contra los desahucios y aquí sí incluía las cinco exigencias de plataforma, como la dación en pago retroactiva, un alquiler accesible, paralizar los desahucios, viviendas sociales y suministros (agua, electricidad, gas) garantizados.
Desde las PAH estudiarán si, finalmente, el Gobierno autonómico tiene en cuenta sus propuestas dentro de los próximos 20 días, plazo establecido para que los grupos políticos presenten sus enmiendas a la ley. «Vamos a valorar qué van a asumir y qué no, pero si no están recogidas nuestras propuestas, no nos vamos a rendir», advirtió el portavoz de los afectados.
De forma urgente
Vera, por su parte, añadió que «lo que no puede ser es que vayamos esquivando el tema políticamente». Ante la gravedad de la situación y la proximidad del fin de la moratoria, los afectados, según este portavoz, han pedido que la aprobación de la ley «se haga de forma urgente».
«Hemos llegado al punto de tener que solicitarles que realmente atiendan las aspiraciones de la gente, que cojan el testigo y lo hagan por urgencia, no queremos que retrasen la ley», insistió González.
Para dar visibilidad a sus reivindicaciones y expresar su malestar por la falta de acciones tanto del nuevo Gobierno autonómico como del Ejecutivo central, plataformas de afectados por la hipoteca de toda la Comunitat se manifestaron ayer a las puertas de Les Corts. Además, los portavoces de cada una de las PAH accedieron al palacio de Benicarló para presentar, de nuevo, a todos los grupos políticos sus propuestas para mejorar el actual anteproyecto de la normativa.
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