Compromís denuncia la política del Gobierno Rajoy para el sur valenciano, que ha destacado por su inactividad y olvido de unas infraestructuras que llevan más de una década minusvaloradas o abandonadas. La diputada en las Cortes de Compromís Cristina Rodríguez ha exigido al Gobierno central que “resuelva la parálisis en Acuamed, provocada por la corrupción del Partido Popular y realice las inversiones que necesitan los regantes garantizando un precio justo para el agua desalada”.
“Pareciera que en el PP han estado más ocupados en cobrar comisiones que en facilitar el agua a los regantes de Alicante”, ha valorado la diputada eldense, quien ha recordado que Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), la empresa pública de aguas dependiente del Ministerio de Agricultura, “está paralizada a consecuencia de la corrupción del Partido Popular”.
Por este motivo, Rodríguez ha pedido al Gobierno central que “demuestre de una vez por todas que le preocupan los regantes de Alicante”, especialmente en un tiempo de sequía como el que afecta tan negativamente al sur.
En este sentido, la diputada eldense ha solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy medidas concretas como la ampliación de la potencia eléctrica de la desalinizadora de Torrevieja, la puesta en marcha la desalinizadora de Mutxamel o la reparación urgente de la balsa de San Diego en Villena, que regula los caudales procedentes de la conducción Júcar-Vinalopó y que tiene como objetivo paliar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó.
Madrid debe “garantizar un precio justo para el agua desalada, porque ante la sequía y la escasez de agua, debemos ser autosuficientes, combinando todos los recursos hídricos disponibles”.
“No es de recibo que una empresa como Acuamed, que gestiona cinco desalinizadoras en el País Valencià, siga teniendo imputados y su gestión esté pendiente desde 2015 de lo que decida un juez en la Audiencia Nacional”, ha recordado Rodríguez, refiriéndose a la causa que lleva el juez Eloy Velasco, en la que investiga el fraude millonario en la adjudicación de contratos de obras hidráulicas a cambio del pago de comisiones irregulares a directivos de esta empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura.
Compromiso con el agua y contra ‘el tasazo’ de Rajoy
El posicionamiento de la coalición siempre ha sido acorde al de un debate fluido y científico en asuntos hídricos, alejados de las guerras del agua y las manipulaciones de anteriores gobiernos autonómicos. Esta semana, Compromís presentará también en la Diputación de Alicante una moción para emplazar al Gobierno de España a modificar el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 con el cual se impulsan nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura, un mecanismo inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura y que representaría un costo anual (sin riego) de unos 120 euros por hectárea.
Compromís ha abogado siempre por el uso combinado de recursos hídricos que permitan un uso sostenible del agua de boca y para la actividad del campo. La conselleria de Medio Ambiente -con la consellera Elena Cebrián a la cabeza y su secretario autonómico, Julià Álvaro- llevan reclamando el impulso de las desaladoras desde hace más de dos años y a través de reuniones con el Ministerio de Agricultura o las confederaciones hidrográficas.
La coalición denuncia el uso perverso del agua de todas aquellas formaciones como PP y C’s que en Alicante piden ‘agua para todos’ y después en el Senado boicotean la agilización de la puesta en funcionamiento de infraestructuras vitales para el trasvase Júcar-Vinalopó, al rechazar la enmienda de Compromís a las cuentas del Estado para garantizar presupuestariamente la reparación de la balsa de San Diego en Villena, como ya ocurrió el pasado mes de junio durante una sesión de la cámara territorial.
