Este pasado lunes se llevó a cabo el juicio a un hostelero que contaminó, presuntamente, el agua potable de la localidad de Beneixama con un vertido de riego entre la pedanía de El Salze y el casco urbano de esta localidad del Alto Vinalopó.
La Fiscalía mantiene su petición inicial de cuatro años de cárcel para el empresario Vicente F.C., en un juicio que ha quedado visto para sentencia después de que la abogada defensora pidiera su absolución. El juicio por estos hechos se llevó a cabo el lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante.
El acusado, al que el fiscal atribuye un delito contra la salud pública, se ha desvinculado del vertido, pese a que fue detectado por Hidraqua, la empresa gestora del suministro de agua en la población, en un restaurante de su propiedad que se hallaba en obras.
“No había cloro, desinfectante residual”, precisó ante el tribunal el inspector de Sanidad que acudió al foco del vertido, lo que obligó a cortar el suministro únicamente en ese segmento, no en toda la población.
Los técnicos de la compañía lo descubrieron el 10 de febrero de 2015, después de que una vecina de la zona alertara al ayuntamiento de que el agua salía turbia en su vivienda.
Aunque no hay constancia de que produjera daños personales, las muestras tomadas en la red de abastecimiento en el tramo que discurre entre la pedanía de El Salze y el casco urbano revelaron que el agua no era apta para el consumo humano.
Denuncia de un concejal
La concejal que denunció esa contaminación en los juzgados de Villena ha relatado, por su parte, que tuvo que avisar a los responsables de un colegio público de la zona para que los niños no bebieran agua en las instalaciones.
Hidraqua descubrió también en la finca donde se ubica el restaurante una manipulación del contador del agua, lo que motivó que el empresario fuera sancionado con 1.500 euros de multa y hubiera de pagar una deuda de 3.900 euros.
Sin embargo, Vicente F.C. ha asegurado que abonó dicha cantidad para poder seguir teniendo suministro de agua ante la próxima apertura de su establecimiento, ya que de lo contrario se lo habrían “embargado”.
Su abogada considera que no hay pruebas de que fuera él el responsable de la contaminación del caudal público y sostiene que se trató de un “episodio puntual”, provocado por la existencia en el lugar de una antigua fábrica de orujo con múltiples tuberías en desuso.
Por último, el fiscal ha culpado al sospechoso de ese vertido, pues la alteración del contador de agua en su parcela se produjo “con su beneplácito”.
