La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, anunció ayer que los presupuestos de su departamento para 2016 incluirán transferencias a los ayuntamientos con el fin de que los servicios municipales de base pasen a encargarse de las valoraciones de la dependencia.

El objetivo es "remunicipalizar" la gestión de la valoración de los afectados, después de haberse encontrado en la Conselleria un "tapón" de casi 45.000 personas que tienen derecho a estar pero no figuran dentro del sistema de la ley de dependencia.

Oltra precisó que, en la actualidad, existen en la Comunitat Valenciana dieciocho personas encargadas de esas valoraciones, un número "claramente insuficiente", debido a que el anterior Consell optó por la creación de una empresa para contratar al personal valorador, contrataciones que el TSJCV declaró ilegales. La vicepresidenta señaló que lo que se va a hacer ahora es cambiar esa red y que sean los servicios sociales municipales los que se encarguen de las valoraciones, ya que son los más cercanos a esas personas, lo que permitirá a su vez incrementar de manera "sustancial" el número de valoraciones.

El objetivo es que en tres años la Generalitat se ponga "al día" en ese «tapón» de 45.000 personas pendientes, y a la vez pueda atender las mil peticiones que cada mes entran en el sistema.