Componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo, bajo el marco de la operación “Chickpea”, han detenido a tres personas, de 37, 40 y 67 años, por la comisión de 125 delitos, entre ellos los de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, estafa, falsificación de documentos privados, falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos oficiales mercantiles de la agencia tributaria holandesa, y usurpación de estado civil.

Entre las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran, Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.

Investigaciones y modus operandi

La Guardia Civil de Villarrobledo recogió la denuncia de un vecino de esa misma localidad, y representante de una empresa de legumbres, que informaba de que hacía unos meses había realizado una importante venta de garbanzos, por valor de 42.000 euros, no habiendo recibido esa cantidad por parte del comprador.

A raíz de esta denuncia el Equipo de Policía Judicial de Villarrobledo inició las investigaciones para tratar de identificar al supuesto deudor, pudiendo comprobar desde las primeras pesquisas que podría tratarse de una estafa compleja en la que una persona se dedicaba a comprar grandes cantidades de mercancías a distintas empresas que nunca abonaba y que a su vez vendía a una segunda persona.

Realizada esta venta, el adquiriente se encargaba de incorporar la mercancía en el mercado lícito, vendiendo estos productos a un precio muy inferior al valor del mercado, pagando los beneficios que le correspondían al vendedor a través de diversas cuentas bancarias afincadas en varios países de la Unión Europea.

Estas cuentas bancarias eran gestionadas por una tercera persona, quien había creado un entramado de empresas a nivel europeo a través de las cuales, realizaban multitud de movimientos entre ellas, para enmascarar y dificultar una posible investigación policial.

Organización criminal

La organización criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada, siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las compras y crear los dominios en Internet para simular más tarde, ser un alto ejecutivo de dichas empresas a las cuales les usurpaba la identidad, al igual que hacía el, que utilizaba varias identidades falsas ante posibles investigaciones policiales.

El segundo integrante era la persona encargada de recepcionar la mercancía comprada y no pagada por el jefe de la organización e introducirla en el mercado lícito, vendiendo esta a un precio muy inferior al de mercado, obteniendo con ello un importante beneficio económico de las operaciones. El dinero obtenido de las ventas era derivado, a cambio de la mercancía, a cuentas bancarias afincadas en Rumanía, Gran Bretaña e Irlanda, a nombre de una tercera persona.

Registros practicados y efectos intervenidos

Fruto del trabajo de investigación, combinado con la instrucción de diligencias y una vez corroborado el grado de implicación de los detenidos en los hechos investigados, se realizó un registro en la vivienda del jefe de la organización, donde se intervinieron los siguientes efectos de interés para la investigación:

  • Un ordenador portátil, que utilizaba el cerebro de la organización para realizar las estafas a las empresas, usurpar identidades, falsificar documentos y gestionar los dominios de Internet y páginas Web para dar a las víctimas, apariencia de solvencia.
  • Varios dispositivos de almacenamiento externo, que contenían multitud de documentos, facturas, albaranes, etc, relacionados con la investigación.
  • Dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets, además de varias porta-sim, con teléfonos nacionales e internacionales.
  • Tarjetas de crédito y documentos bancarios relacionados con entidades bancarias afincadas en los países afectados por las estafas.

Doce provincias afectadas

Entre las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran, Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.

Destacar que se han tramitado 5 comisiones rogatorias internacionales con otros tantos países relacionados con las estafas, además de una investigación patrimonial con las entidades interesadas al objeto de inventariar el patrimonio real de las mismas.