La consellería de Medio Ambiente ha asegurado que la subida del canon de las 14 poblaciones que vierten sus basuras en Villena no es definitiva y que si ha llegado ya a los consistorios, podría deberse a un error.

La subida fue anunciada el pasado 26 de julio por la empresa pública Vaersa a los 14 municipios que integran el Consorcio del Plan Zonal de Residuos 8 A-3.

Medio Ambiente aporta algunas facturas en los que el precio del tratamiento de la tonelada sigue fijado en 50 euros. No obstante, Vaersa sí parece que tiene decidido aplicar una subida, pero quiere que la Diputación de Alicante, que también forma parte del consorcio de residuos, aporte en millón de euros que tiene en las cuentas del órgano gestor de los residuos.

Elena Cebrián, conseller de Medio Ambiente ya ha manifestado que si el órgano provincial aporta dicha cantidad se podría ayudar a los 14 municipios, y dicha subida apenas se notaría e incluso podría ser anulada. Los 14 municipios que forman el consorcio son Villena, Cañada, Camp de Mirra, Beneixama, Biar, Sax, Salinas, Pinoso, Elda, Petrer, Monóvar, Castalla, Onil y Banyeres.

El Partido Popular presentará mociones en todos los ayuntamientos de la comarca del Medio Vinalopó para exigir al Consell que asuma el ‘basurazo’, es decir, el incremento del tratamiento de residuos decidido por la empresa pública Vaersa.

O bien subvencionar el aumento del coste del tratamiento de los residuos desde la consellería de Medio Ambiente, o desde el Consorcio de Residuos del Vinalopó. Esa es la alternativa que maneja tanto el departamento de Elena Cebrián como el presidente del consorcio comarcal, el Alcalde de Villena Francisco Javier Esquembre. Mientras no se dé una solución, ese incremento de los costes no repercutirá a los ayuntamientos.

El incremento del canon ha sido anulada por el Consell y, de hecho, en el mes de agosto los ayuntamientos han seguido pagando la cantidad habitual del canon anterior. En cualquier caso, desde la Conselleria de Medio Ambiente se recuerda que el Consorcio dispone de recursos económicos suficientes para hacer frente a este sobrecoste.

Las facturas, con el incremento de la tasa por tratamiento de residuos, todavía no se han girado a los ayuntamientos, como han confirmado varios concejales.