El PP ha trasladado parte de la inversión repartida con criterios objetivos por la Diputación de Alicante a recuperar un paquete de subvenciones a dedo a vicepresidentes y miembros del equipo de gobierno de César Sánchez que habían sido paralizadas por la Justicia en algunos casos. Esta pérdida de inversión financiera reduce en 37,62% la financiación de proyectos sostenibles en el caso del Alto y Medio Vinalopó, cuyos pueblos perderán 1,2 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles respecto a la cantidad recibida en 2017.

El caso es grave no tan sólo por la pérdida financiera de los ayuntamientos de ambas comarcas sino porque algunas de esas subvenciones a dedo fueron paralizadas por la Justicia al constituir un claro trato de favor y un agravio comparativo respecto al resto de poblaciones de la provincia. En este paquete de ayudas ‘a la carta’ se suman también acuerdos a dedo y sin justificar algunos de ellos propuestos por el PSOE.

Ante este hecho, Compromís ya ha avanzado que se podría estar incurriendo en un delito penal de desobediencia a resoluciones judiciales. La estrategia ha consistido a hacer creer a los juzgados que se daba marcha atrás pidiendo la extinción de las causas judiciales mientras paralelamente se preparaban otros actos administrativos con el mismo objeto. Y además, este nuevo acto administrativo se sumaba al acuerdo marco de inversión sostenible de 31 millones de euros para forzar a no recurrirlo, en un tipo de actitud que roza el chantaje.

La coalición ha informado que esta “sorpresa” en forma de ayudas a dedo rompe el principio de acuerdo al que habían llegado PP, PSOE y Compromís, puesto que suma a dicho pacto un paquete de 7,3 millones de euros que afecta a todas las comarcas. El acuerdo original consistía en respetar la aportación en los 141 pueblos del 2016 y 2017, sumar los pueblos que se habían quedado fuera del plan de obras y compensar los efectos de los temporales de 2016 y 2017. Ahora, el PP condiciona el pacto anterior a que se acepte en el mismo dictamen los más de siete millones de euros de ayudas a dedo, y extrae esta cantidad a los municipios. A este paquete todavía le ha sumado más acuerdos a dedo, sin justificar algunos de ellos, propuestos por el PSPV.

El portavoz adjunto de Compromís en la Diputación, el crevillentino José Manuel Penalva, ha destacado que “entendemos que este acuerdo engaña a los juzgados y los pueblos, y pedimos que el paquete de 7 millones de euros se reparta democráticamente entre los 141 pueblos de la provincia”. Compromís ha anunciado una enmienda en este sentido al dictamen el día del plenario, a la hora que ha asegurado que si se mantienen las ayudas clientelares a expensas del reparto democrático en todos los pueblos ampliará la causa del contencioso administrativo y estudiará la comisión de un posible delito de desobediencia por parte de los impulsores del pacto.